El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha decidido intervenir las cuentas del Govern balear, al igual que las de otras once comunidades. Oficialmente, desde el Ejecutivo autonómico se evita utilizar ese término, pero fuera de micrófono alguno de sus representantes no oculta que, a fin de cuentas, lo que se está haciendo desde la Administración central es decirle a las islas en qué no puede y en qué puede utilizar una parte de su presupuesto. Eso explica el patente enfado demostrado ayer por la consellera responsable de esta materia, Catalina Cladera, que sí habla abiertamente de "ataque" a las comunidades autónomas por parte del Gobierno central y no oculta la intención de "rebelarse" contra los dictados llegados de Madrid.

Lo sucedido ayer no tiene precedentes. El ministro de Hacienda ha remitido a Balears dos cartas en las que se amenaza al Ejecutivo autonómico con retener la partida del fondo de liquidez autonómica (FLA), que supone 257 millones de euros por lo que respecta al primer trimestre del año, pero además da un plazo de 15 días para que se paralice una parte del gasto previsto (la cuantía todavía no se ha determinado, pero una estimación inicial apunta a unos 130 o 140 millones de euros) para garantizar el objetivo de estabilidad presupuestaria, y se reclama que no se demoren los pagos a proveedores. Y como no hay dos sin tres, también exige que se respete un techo de gasto farmacéutico.

Una matización: la situación de Balears no es excepcional, ya que esas mismas cartas han sido remitidas a Cataluña, Andalucía, Madrid, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia, hasta sumar un total de 12 comunidades.

Para explicar lo sucedido, hay que retroceder unos meses. Balears cerró 2015 incumpliendo el objetivo de déficit, del 1,5%, en unos 200 millones de euros, lo que exige la elaboración de un plan de ajuste para compensar esta cantidad. Según se destaca desde el Govern, este plan se elaboró y quedó contemplado en los presupuestos para este año, en el que además el déficit no puede superar el 0,3%.

La vía para conseguirlo, según se destaca, pasa por la aplicación de nuevos tributos, la puesta en marcha de un plan de lucha contra el fraude y la racionalización del gasto en la Administración autonómica. Según el Ejecutivo balear, este esfuerzo ha quedado recientemente reconocido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Pero Montoro no se cree las tesis de buena parte de las autonomías y ha optado por la adopción de medidas excepcionales. Desde el Ministerio se quiere restar importancia a esta iniciativa, y en su carta recuerda al Govern que va a recibir este año 109 millones de euros más que en 2015 en concepto de recursos del sistema de financiación autonómica, a lo que suma 122,8 millones de euros más como reducción de los costes financieros que la Comunitat Autònoma debe afrontar gracias a los mecanismos adicionales para la financiación de las autonomías. Pero Balears discrepa de que los efectos vayan a ser limitados.

¿Qué puede suceder? Desde el Govern se da la voz de alarma: si no llegan los 257 millones del FLA, no se van a poder cumplir los compromisos de pago a las entidades financieras (con las correspondientes penalizaciones) y a los proveedores, agravando aún más la situación que éstos últimos viven.

Pero además, la exigencia de que en 15 días se apruebe una retención de créditos (bloquear parte del gasto previsto para cumplir el objetivo de déficit, en una cantidad que de forma provisional se estima en unos 140 millones de euros) es vista como una intervención de las cuentas autonómicas al determinar el destino de una parte del presupuesto balear.

Desde el Govern se añade que los retrasos que durante los últimos meses se estaban dando en el pago a proveedores se habían visto reducidos en febrero, al limitar la demora a 58 días, aunque no se oculta que el Ib-Salut sigue siendo el gran agujero negro.