Coca-Cola Iberian Partners ha aceptado abonar a 64 trabajadores de la planta embotelladora de Palma un total de 115.000 euros más intereses por vulnerar su derecho a la huelga, promovida el 10 de febrero de 2014 como respuesta al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) llevado a cabo por la empresa y que conllevó la clausura de los departamentos de fabricación, calidad, mantenimiento, servicio técnico, almacén, publicidad y atención al cliente.
Ambas partes han alcanzado así un acuerdo en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Balears (Tamib por el que cada trabajador percibirá entre 336 y 2.800 euros.
Los afectados, representados en este proceso por los abogados Pablo Alonso de Caso y Antonio Garrido, interpusieron una demanda con la que reclamaban ser indemnizados por daños y perjuicios a raíz de la conculcación de sus derechos fundamentales como consecuencia de la sustitución ilegal de los huelguistas.
En su demanda, los letrados recuerdan que fue el 2 de enero de 2014 cuando Coca-Cola comunicó su intención de iniciar un procedimiento de despidos colectivos, de movilidad geográfica y de modificación de condiciones de trabajo, ante lo cual los sindicatos manifestaron desde el primer momento la inviabilidad legal del ERE en los términos en que había sido planteado. Tras ello se inició un periodo de consultas entre las partes.
Un total de 1.190 trabajadores a nivel nacional resultaron afectados. Durante el transcurso del periodo de consultas fueron convocadas huelgas en los distintos centros afectados con el objetivo de evitar el cierre de los mismos, si bien la posición de la empresa fue inamovible.
Puesto que los trabajadores consideraron desde un principio que no había razón para el cierre inmediato y sorpresivo de los centros de trabajo, sus representantes iniciaron la huelga anunciada, si bien constataron que las empresas comenzaron a llevar a cabo una serie de prácticas contrarias al ejercicio de su legítimo derecho a la huelga.
