Bartomeu Barceló: "En Fiscalía siempre hemos mantenido la inocencia de la infanta Cristina en Nóos"

-Las carencias siempre existen y van a existir. Lo que le pido al año nuevo es que nos dejen trabajar tranquilamente y que podamos hacer frente, de una forma fiel a lo que las distintas reformas legislativas que se han sucedido en 2015 exigen al ministerio fiscal, dando la respuesta que merecen los ciudadanos.

-Esta semana Balears va a estar en el punto de mira con una infanta, Cristina de Borbón, sentada en el banquillo de los acusados por el caso Nóos. Usted defendió la postura del fiscal Horrach de que no había que acusarla ¿Qué cree que ocurrirá? ¿Seguirá acusada hasta el final?

-Esto depende del tribunal, que es el que decidirá si continúa o no. Nosotros siempre hemos mantenido la inocencia de la infanta Cristina y por parte del ministerio fiscal en ningún momento se la ha acusado, siguiendo por supuesto el criterio que en todo momento ha mantenido, tras estudiar a fondo y conocer todos los detalles del proceso, el fiscal Horrach.

-¿Cuántas llamadas y sugerencias ha recibido por este caso?

-Honestamente, no he recibido ninguna llamada. No ha habido ninguna presión, más allá de la presión ambiental que supone un juicio con tanta expectativa mediática.

-La fiscalía anticorrupción ha marcado como línea roja en los posibles pactos de conformidad del caso Nóos que los acusados que busquen acogerse a una reducción de condenas devuelvan los fondos públicos desviados. ¿Usted es favorable a los pactos de conformidad?

-El criterio de Fiscalía General del Estado es que, como regla general, no haya este tipo de pactos en causas de corrupción. No obstante, a veces es necesario o conveniente llegar a un acuerdo dadas las circunstancias especiales del caso concreto. Yo entiendo que, aparte de que está legalmente previsto, las conformidades tienen muchas ventajas, como son el que se condena al culpable, se agilizan los procesos y se evitan recursos, con lo que creo que, haciendo un balance, suponen un beneficio importante para la administración de Justicia

-El que debía presidir el juicio por Nóos era el juez Yllanes, a quien usted criticó por dar el salto a la política presentándose como cartel electoral de Podemos en Balears.

-Quisiera matizar esto. Yo no critiqué al señor Yllanes, al que aprecio personalmente y respeto profesionalmente. Lo que sí dije y mantengo es que un juez no solo debe ser honesto, sino que lo tiene que parecer. Cuando se ha formado parte de la política activa defendiendo las líneas de una formación política determinada, siempre puede haber una sombra de duda sobre la actuación de un magistrado que tenga que decidir en asuntos en donde haya un trasfondo político y los implicados pertenezcan a partidos políticos diferentes. Eso siempre lo he mantenido en líneas generales, no como algo particular respecto al señor Yllanes.

-¿Ha hablado usted con Yllanes desde que realizó estas declaraciones?

-No. Es que no lo he visto. El se ha dedicado a la campaña electoral y yo al ejercicio de mi trabajo.

-¿El suyo, de algún modo, no es también es un cargo político, desde el momento en el que su nombramiento depende de políticos?

-Para ser fiscal superior no tienes que hacer campaña electoral. Tienes que reunir unas condiciones que exige el estatuto orgánico del ministerio fiscal. Los peticionarios lo solicitan aportando sus correspondientes méritos profesionales. Va al Consejo Fiscal, el fiscal general lo tiene que proponer al Consejo de Ministros, a través del ministerio de Justicia, y efectivamente es el Consejo de Ministros el que nombra. Igual que pasa con los militares. Al ser elegido por el Consejo de Ministros, es un cargo que tendrá más o menos connotaciones políticas, pero no son propiamente cargos políticos sino profesionales. De hecho, a mí se me ha renovado dos veces en el cargo con políticos diferentes que pertenecían a partidos diferentes.

-Usted mismo ha dicho que la independencia no forma parte de los principios rectores de la Fiscalía.

-Es que no lo es. Uno de los principios rectores del ministerio fiscal es la dependencia jerárquica, además de otros como el de imparcialidad. La independencia es uno de los principios rectores de jueces y tribunales. Yo creo firmemente en la independencia de los jueces y tribunales. No obstante, muchas veces hay intereses en politizar las decisiones judiciales, aunque sean correctas. Si un juez o un tribunal dicta una resolución que no esté ajustada a la Ley, existen los correspondientes recursos. Pero siempre resulta mucho más fácil decir que el juez tiene una idea política distinta para justificar que no se le haya dado la razón.

-Si cree firmemente en la independencia de los jueces, ¿por qué piensa que en el caso de Yllanes habrá sombras de duda cuando vuelva a ejercer como juez?

-Tiene que mantener la independencia, eso esta claro. Pero cuando se pertenece a una formación política... Imagine por un momento, que no es el caso, que un partido político defendiera la legalización de las drogas y el juez defendiera esto al ser un cargo del partido. Cuando volviera a ser juez y llevar un juicio por delito de tráfico de drogas, siempre habrá una duda sobre lo que ha defendido antes y la sentencia que tiene que poner.

-Pero un juez siempre aplicará la ley.

-Sí, pero la Ley se tiene que interpretar. La aplicación de la Ley supone la interpretación de la misma. En Derecho, dos más dos no siempre son cuatro y la forma de interpretación de la Ley corresponde en definitiva a jueces y tribunales.

-Lo cierto es que ha habido y hay jueces vinculados con partidos. ¿Las críticas a Yllanes no tienen en realidad un poco que ver con que el partido por el que ha optado sea Podemos?

-Creo importante hacer una matización. No es lo mismo que un juez ocupe en un momento determinado un cargo público de carácter político que ir en una lista electoral en donde se tienen que defender las ideas del partido político.

-La Ley de enjuiciamiento criminal limita a seis meses la instrucción de las causas penales salvo en casos de complejidad en los que Fiscalía puede pedir prórrogas. ¿En Fiscalía de Balears han comenzado a analizar las causas pendientes para las que tendrán que pedir más tiempo?

-Sí. En casos de especial complejidad, a petición del ministerio fiscal se puede prorrogar por dos veces consecutivas por un plazo cada vez de 18 meses. Pero la responsabilidad de estos casos no recae sólo en el ministerio fiscal. La Ley atribuye la instrucción de dichas causas a los jueces de instrucción, por lo que son los responsables de que se practiquen todas las diligencias de prueba necesarias hasta el esclarecimiento de los hechos.

-¿Saben ya cuántas de las causas pendientes en Fiscalía de Balears necesitarán que se pida más tiempo de instrucción?

-Aún no hemos acabado esta revisión, pero tenemos de plazo seis meses a contar desde la entrada en vigor de la Ley. Se prevé que, con mucho esfuerzo personal, se pueda realizar dentro del plazo. Supone un plus de trabajo importante para la Fiscalía, porque no solo afecta a los fiscales sino también al personal. No obstante, la Ley no dice que deba acabarse en seis meses, sino que las diligencias de prueba deben acordarse por el juez en seis meses y que son válidas aquellas pruebas que se practiquen pasados los seis meses siempre y cuando se hubiesen acordado en plazo.

-¿Le parece suficiente seis meses de instrucción para un caso de corrupción, que suelen caracterizarse por su complejidad?

-Establecer este plazo es una apuesta arriesgada, pero también creo que los ciudadanos que están siendo investigados en un procedimiento penal tienen derecho a que su causa no se eternice. Quizá el plazo de seis meses sea excesivamente corto, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones se tienen que practicar pruebas periciales que se alargan en el tiempo o resolver recursos. A consecuencia de las decisiones que se adopten o de lo que resulte de las pruebas periciales que se practiquen, puede ser que sea necesario practicar nuevas diligencias de prueba.

-¿En Balears hay suficientes fiscales?

-Ahora hay 64. Con la carga de trabajo que tenemos y el protagonismo del ministerio fiscal incluso en la propia instrucción de las causas, el número es reducido para dar una respuesta legal que demandan los ciudadanos. Cada año pedimos aumento de plantilla. En 2015 se crearon tres nuevas plazas de fiscal al constituirse la sección territorial de Inca, pero había tres fiscales sustitutos externos de refuerzo que se suprimieron al crearse las nuevas plazas, por lo que la plantilla quedó igual. Ahora parece ser que se van a nombrar fiscales sustitutos de refuerzo precisamente para colaborar en la revisión de las causas en fase de instrucción a efecto de controlar los plazos., aunque aun no se han nombrado.

-En la apertura del año judicial, en octubre, pidió que se dejara a los fiscales fuera de la lucha política. ¿A qué se refería?

-Precisamente a esa petición que hago al año nuevo de que se deje a Fiscalía actuar con tranquilidad sin que las decisiones de los fiscales sean continuamente objeto de ataques o alabanzas. Me refiero en general, tanto a nivel político como a nivel social. La crítica, siempre que se haga de forma legítima, es constructiva y ayuda a mejorar el servicio público. Yo no me refiero a esta crítica, sino a la que encubre un ataque directo y frontal, por motivos distintos, a la institución del ministerio fiscal.

-¿Con eso de distintos motivos, se refiere a motivos políticos?

-No sólo. Hay gente que habla, periodistas que escriben... Va más allá. Los motivos políticos están incluidos, pero hay también otros factores. Esta es precisamente la gran presión que sufrimos los fiscales en nuestras actuaciones.

-¿Usted siente esa presión?

-Sí, muchas veces. Cuando pongo la firma a un documento, siempre tiene trascendencia pública y siempre habrá gente de acuerdo y gente en contra.

-Desde distintos ámbitos de la justicia ha habido en esta legislatura críticas y rechazos a medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. ¿Hay alguna de estas medidas ante la que usted sienta especiales reticencias?

-Siempre que hay reformas legislativas se crea un desasosiego en los profesionales cuya misión es participar en su aplicación. No sólo en el caso de las leyes básicas, como el Codigo Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora, desde el 1 de enero se han introducido las notificaciones telemáticas en los ámbitos civil, contencioso administrativo y social. Supondrá una ruptura con un sistema que llevaba más de 100 años, para adaptarse a las nuevas tecnologías. Una vez que nos acostumbremos a su manejo, será mucho más eficaz.