Seis mil familias recibirán la renta social de 426 euros

La consellera de servicios sociales y cooperación, Fina Santiago, y los representantes de las principales organizaciones del tercer sector, se reunieron ayer para definir las características de la renta social garantizada. La ayuda empezará beneficiando a 6.000 familias con menores a cargo, a partir del primer semestre de 2016.

Santiago explicó que la cuantía mínima será de 426 euros mensuales, lo que equivale al 80% del IPREM (Indicador público de renta de efectos múltiples). La ayuda irá incrementando en función del número de miembros de la familia. El subsidio, según la conselleria, será gestionado desde la comunidad autónoma para añadir agilidad en la gestión.

Santigo dijo que, según había acordado con las organizaciones, el primer colectivo en recibir la renta garantizada sean las familias sin recursos que tienen menores a su cargo. Explicó que son uno de los grupos que más protección necesita. Para la directora de EAPN Xarxa per a la Inclusió Social, Carme Muñoz, la pobreza infantil es uno de los problemas más importantes que se tienen que solucionar.

Las organizaciones no lucrativas, cifraron en 6.000 las familias, en situación de vulnerabilidad, que primero se beneficiarán de la ayuda. Muñoz declaró que "todos de golpe no podrán entrar pero se están haciendo estudios para valorar la prioridad de los colectivos que antes serán subvencionadas por esta renta".

El requisito para recibir la renta es demostrar que no se tienen los ingresos económicos o la insuficiencia de estos para cubrir las necesidades básicas de cualquier persona. La consellera aclaró que "esta gente no dejará de ser pobre, pero tendrá estrategias suficientes para poder sobrevivir y no entrar en la marginación.

Riutort afirmó que "la familia con menores será la parte de la sociedad prioritaria, pero también hay muchos otros perfiles que se tendrían que incorporar como las personas solas, los inmigrantes que hace años que viven en las islas y las personas mayores de 45 años".

La directora de Cáritas añadió que "la renta garantizada será para personas que lleven tres años de residencia demostrable, sin ir ligada a la renta de inserción, sino a un derecho de unas personas que tienen necesidades". En cambio, aclaró que la renta mínima va ligada a procesos de inclusión, cubriendo otros perfiles. Esto provoca que se pueda pasar de una prestación a otra, una vez se vayan cubriendo los requisitos.

Carme Muñoz, aseguró que la renta garantizada es una "demanda específica dentro del pacto para la inclusión social y que el sector llevaba reclamando".

De Decreto a ley

La consellera Fina Santiago, explicó, al finalizar la reunión, la decisión del Govern de aprobar la aplicación de la renta mínima garantizada se hará en forma de ley. Hasta ahora se planteaba el Decreto Ley para poner en funcionamiento el subsidio dado porque, según Santiago, la modificación es más fácil.

"La ley nos permite que la renta social sea inembargable, que la renta pueda estar complementado con otras ayudas puntuales y que exista un régimen sancionador para evitar abusos", argumentó Santiago. El presidente de la Fundació Deixalles, Josep Falcó, consideró que "es importante que se ponga en marcha vía ley porque estará gestionado por la comunidad autónoma". La directora de Cáritas en las islas, Margalida Ruitort, también valora que se haga a través de una ley porque "sea más complicado y mas largo, pero a la larga es más seguro y nos da más facilidades y estabilidad".

La reunión entre la conselleria y Cáritas Balears, Fundació Deixalles y EAPN, sirvió para la presentación de una línea de proyecto de la renta de garantía y el entendimiento entre la administración pública y el tercer sector.

La consellera afirmó que el documento de ley se elaborará durante el mes de agosto y que a partir de entonces se empezaría a redactar la ley con las asociaciones que luchan contra la pobreza.