La acusación particular en nombre del Consell de Mallorca reclama sendas penas de 7 años de cárcel para Antoni Pascual, Gonzalo Aguiar y Francisco Orejudo, la cúpula del departamento de Carreteras en 2004, cuando la institución era gobernada por Unió Mallorquina (UM). Según el Consell, estos acusados, unidos a los responsables de la UTE que construyó la autovía y a empresarios de esa vía, desviaron casi 20 millones de euros públicos y causaron a la entidad otro perjuicio de unos 42 millones de euros por los sobrecostes en las obras y el mantenimiento.
El llamado caso Peaje, que se inició en 2009, se halla en la fase de los escritos de acusación y, en principio, va a ser juzgado por un jurado popular si la Audiencia no decide lo contrario.
Además de los jefes del departamento de Carreteras del Consell, se encuentra acusado Gabriel Mestre, funcionario y celador de obras del desdoblamiento de la carretera de Palma a Manacor. El Consell solicita para Mestre una condena de 5 años de prisión.
Por parte de la UTE se sentarán en el banquillo de los acusados Jaime Mascaró, gerente de la concesionaria (Pamasa); José Javier Navarro, jefe de producción; y Jerónimo Gutiérrez de Rave, jefe de obra.
Las condenas que se piden para estos tres son iguales a las de los altos cargos políticos: siete años de privación de libertad.
Obras particulares
En un segundo escalón se hallan empresarios que fueron subcontratados por la UTE y que sobornaron a los funcionarios haciéndoles gratis trabajos en sus fincas y casas particulares, obras que luego facturaban al Consell. También hay hosteleros de la carretera de Manacor acusados de pagar sobornos a la cúpula de carreteras con dinero, fiestas o comidas multitudinarias.
Para estos encausados -Pedro Miguel Riera; Sebastià y Bartolomé Cloquell y Guillermo Garí- se solicitan condenas de 1 año y 11 meses, que, en principio, no conllevarían el ingreso en prisión en caso de sentencias desfavorables.
Por último, restan dos implicados más, Carlos Calafat y Mónica Florit, a los que se imputa el colaborar con la presunta trama. Para ellos se proponen penas de 1 año y 11 meses y 1 año y 6 meses, respectivamente.
Falta de control
Los hechos que juzgará el tribunal popular son muy complejos y variados. Según la acusación particular, Aguiar, Orejudo y Mestre se lucraron con fondos públicos de muy diversas maneras: consiguiendo obras gratis en sus propiedades, en algún caso como el del ingeniero jefe de Carreteras por una cuantía elevada: casi 700.000 euros, pero también falsificaron justificantes para cobrar horas extra.
La petición y pago de sobornos a y por particulares o empresarios de la vía era el pan nuestro de cada día en la carretera de Manacor. De acuerdo con la fiscalía anticorrupción y el Consell, esos cohechos servían para facilitar los accesos a los negocios de la autovía o para agilizarles el cobro de indemnizaciones por parte del Consell.
Pero el perjuicio más importante nacería de la falta de control por Carreteras del coste de las obras, que ha sido tasado en 103,5 millones de euros, cuando se pagó por él 145,5 millones de euros. La diferencia, de casi 42 millones de euros, es lo que la Administración calcula que Pamasa cobró de más por la autovía. La acusación pide que todos los implicados, incluida Pamasa, indemnicen al Consell con 20 millones.
