Francisco Cano, antiguo dirigente del partido socialista en Calvià y exedil de ese municipio, negó ayer ante la juez del caso Multimèdia haber desviado fondos públicos con ocasión del proceso para preparar la entrada de la televisión digital (TDT) en Balears. Cano aseguró haber trabajado intensa y eficazmente para facilitar la firma de 35 convenios entre Administraciones de cara a la instalación de antenas de TDT.
Cano, defendido por el bufete de Pablo Alonso del Caso, compareció ante la juez de instrucción 5 de Palma que investiga si la empresa pública Multimèdia Illes Balears, amañó contratos durante el Govern del Pacte del Progrés para beneficiar a personas afines al PSOE.
Multimèdia, que estaba dirigida por cargos socialistas, contrató a la productora Video U para agilizar la creación de una red de repetidores antes del apagón de la televisión analógica, que en España se produjo en 2010.
Video U era propiedad en realidad de los líderes de UM Maria Antònia Munar y Miquel Nadal, pero estaba dirigida por Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Ramón Rullán, condenados años después en el caso Maquillaje por desviar fondos públicos y representados por José Ignacio Herrero.
Según explicaron ayer a la juez y a la fiscal anticorrupción Ana Lamas Oliver y Almiñana, Video U contrató a Francisco Cano porque era una persona muy conocedora del funcionamiento de las administraciones locales (Ayuntamientos) y porque en esa época estaba en el paro. Cano no es especialista en nuevas tecnologías y regentaba un comercio.
No lo conocía
Oliver aseguró que no conocía personalmente a Cano. Almiñana manifestó que Rullán les recomendó fichar al entonces edil socialista.
Según Cano, el trabajo consistió en contactar con Ayuntamientos y otras instituciones de las islas para preparar la llegada de la TDT y establecer una red de antenas públicas. Él no se ocupó de cuestiones técnicas porque ya había expertos en la materia en el Govern y Multimèdia.
El antiguo concejal añadió que su labor se puede demostrar con los 35 convenios firmados y con las innumerables gestiones realizadas ante alcaldes y funcionarios de muchos Ayuntamientos. El declarante relató como el apagón analógico se echaba encima y había muchas dificultades para localizar suelo público donde situar las antenas y equipos de TDT, puesto que las mejores ubicaciones ya estaban copadas por empresas privadas.
Respecto al sueldo recibido por sus servicios, Cano aseguró que estuvo un año contratado (entre 2009 y 2010) y percibió 12 pagas mensuales, de unos 2.040 euros, lejos de los más de cinco mil al mes que han aparecido en un medio de comunicación. Vídeo U sí que recibió de Multimedia casi 6.000 euros al mes por el contrato.
La fiscalía anticorrupción denunció el caso Multimèdia ante los juzgados tras ser informada del mismo por el actual Govern del PP, que se ha personado en la causa como acusación particular.
Miquel Oliver también fue interrogado acerca de un contrato menor que firmó con Multimèdia y relacionado con la televisión. El encausado aseguró que aquel trabajo se realizó correctamente y de acuerdo al encargo recibido de la empresa pública.
En la causa se investigan otros contratos sospechosos firmados por Multimèdia en esa legislatura y hay más imputados, entre ellos exresponsables de la empresa pública. Anticorrupción sospecha que se pudieron cometer los delitos de malversación de caudales y fraude a la Administración, entre otros.
