Tras la decisión de la Audiencia hoy de ratificar la imputación de la infanta Cristina por cooperación en dos delitos fiscales, el futuro procesal de la hermana del rey Felipe VI está en manos del juez José Castro.
El magistrado deberá decidir ahora si sienta en el banquillo a la Infanta, aunque la llamada 'doctrina Botín' podría ser el salvavidas que evitase su presencia en el juicio. Esta doctrina, del año 2007, establece que no se podía abrir juicio oral contra un imputado cuando únicamente lo solicitaba la acusación popular (en este caso el sindicato Manos Limpias), en contra del criterio del fiscal (Horrach) y de la acusación particular.
Tras la resolución de la Audiencia, ahora el juez Castro dictará el auto de apertura de juicio oral, que es inapelable. En los próximos diez días, la Fiscalía y las acusaciones particulares y populares deben presentar sus escritos de acusación. Previsiblemente ni la Fiscalía ni las abogacías públicas acusarán a la hermana del Rey, y únicamente Manos Limpias mantendrá la acusación.
Así pues, si se aplica la 'doctrina Botín' la Infanta podría librarse del juicio oral. No obstante, el juez Castro podría decidir no aplicar esta doctrina. En este caso, la acusación popular podría recurrir a la 'doctrina Atutxa', que se estableció cuando el mismo sindicato Manos Limpias acusó al presidente del Parlamento Vasco y este fue juzgado por desobediencia. Pese a que la acusación popular se produjo contra el criterio del fiscal y del resto de acusaciones, se justificó la apertura de juicio oral porque el delito que se perseguía afectaba a intereses colectivos y no particulares.
El juez Castro, pues, tendrá la última palabra para decidir si la Infanta se sienta en el banquillo acusada de dos delitos fiscales.
