El conseller de Hacienda y Presupuestos, José Vicente Marí, se mostró ayer cauto con respecto a las consecuencias que tendrá para Balears la sentencia sobre el denominado céntimo sanitario y consideró que es preciso "analizar con calma" la decisión del Tribunal de Justicia de la UE. "Hay que leer y estudiar los asuntos y tomar decisiones, que es lo que nos toca", dijo Marí respecto a si creía que el Govern deberá devolver lo cobrado. Añadió que el Gobierno central y las comunidades autónomas que aplicaron este impuesto serán las que deban estudiar y "medir los efectos" de la sentencia. "Vamos a leer con atención y cuidado esta sentencia", insistió Marí quien recordó que el Gobierno central realizó las "modificaciones adecuadas" para 2013 al contemplar la posibilidad de que hubiera una sentencia como la que finalmente se ha producido.

Para la oposición, lo ocurrido demuestra que el Govern "estafó a los ciudadanos" al implantar el céntimo sanitario, en palabras del portavoz adjunto del PSOE en el Parlament, Vicenç Thomàs. En este sentido, afirmó que el Govern "sabía que la UE se acabaría pronunciando en contra" y además "aprobó este impuesto con una afectación sanitaria, aunque en realidad nunca fue para sanidad ya que se ingresaba en la caja común" de la Comunidad Autónoma. Para Thomàs, "fue por lo tanto una doble estafa, ya que lo vincularon a la sanidad para que los ciudadanos lo aceptaran mejor, sabiendo que la UE sentenciaría en contra".

El dirigente del PSOE afirma que "la prueba de que el PP sabía lo que ocurriría es que lo cambió para 2013 y dejó de ser el céntimo sanitario". Además, afirmó que cuando en 2010 el Govern del Pacto se planteó aplicar el céntimo sanitario, el entonces conseller de Economía, Carles Manera, "dijo que no lo hiciéramos porque la UE se pronunciaría en contra".

A ello une el que en agosto de 2011, poco después de que el PP llegara al Govern, el exvicepresidente Económico, José Ignacio Aguiló, le contestó a una pregunta refiriéndose a las incertidumbres que planteaba este asunto por la situación en la UE y afirmando que el Govern del PP no se planteaba aplicar el céntimo sanitario, según consta en el Boletín Oficial del Parlament.

Fina Santiago, diputada de Més, se expresó en el mismo sentido que Thomàs y anunció que preguntará al Govern sobre cómo aplicará la sentencia de la Unión Europea.

Santiago consideró que "será difícil que la mayoría de los ciudadanos de las islas puedan reclamar una devolución porque nadie guarda sus facturas de gasolina de hace dos años". Al igual que Thomàs, consideró que el Govern aplicó el céntimo sanitario "sabiendo que después lo cambiaría, pero de entrada lograba que la sociedad lo aceptara mejor al vincularlo a la sanidad". Al final, según resaltó, "Balears seguirá teniendo la gasolina más cara de todo el país, por lo que la sentencia de la UE no tendrá prácticamente efectos sobre los ciudadanos".

La portavoz parlamentaria popular, Mabel Cabrer, rechazó estas acusaciones y afirmó que "aunque el PP no es favorable a las subidas de impuestos, el Govern tuvo que adoptar medidas ante la situación de crisis económica y la necesidad de obtener ingresos, una de las cuales era el céntimo sanitario cuya única vía era sometiéndose al marco legislativo estatal, que establecía este impuesto hasta que lo cambió para 2013".

Al igual que el conseller de Hacienda, Cabrer consideró que "hay que estudiar con calma la sentencia" del Tribunal de Justicia de la UE y analizarlo "junto con el Gobierno central y las comunidades autónomas que aplicaron este impuesto, ya que es responsabilidad del Estado puesto que formaba parte de la financiación de las comunidades autónomas".