Aunque todavía es pronto para plantearlo, la defensa de la Infanta esgrimirá la llamada ´doctrina Botín´ para impedir que la hija del Rey pueda ser juzgada en un futuro, acusada de delito fiscal y blanqueo de dinero. Esta doctrina, que evitó que el presidente del banco de Santander fuera juzgado en el caso de las preferentes, fue establecida por el Supremo en el año 2007. Los jueces establecieron que no se podía abrir juicio oral contra un imputado cuando únicamente lo solicitaba la acusación popular, en contra del criterio del fiscal y de la acusación particular. Determinó el Supremo que esta acusación popular no estaba legitimada para perseguir los perjuicios de determinados delitos, cuando no lo hacía la parte directamente afectada. El sindicato Manos Limpias nunca ha escondido su intención de que la infanta Cristina no solo sea citada a declarar como imputada, sino que también debe ser incluida en la lista de acusados que serán juzgados en la llamada trama Nóos.
Sin embargo, está claro que el sindicato se quedará solo en esta iniciativa procesal. Ni el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, ni la abogacía del Estado, que defiende a Hacienda, tienen intención alguna de apoyar este intento de juzgar a Cristina de Borbón frente al tribunal de la Audiencia. Sin embargo, para contrarrestar esta estrategia procesal, la acusación popular podría alegar la llamada ´doctrina Atutxa´. En este caso, precisamente a instancias de Manos Limpias, el expresidente del Parlamento vasco, fue juzgado por un delito de desobediencia, pese a que la única parte que le persiguió fue la acusación popular, en contra del criterio del fiscal y del resto de acusaciones. Se justificó la apertura de juicio oral porque el delito que se perseguía afectaba a intereses colectivos y no particulares. En el caso de la Infanta los jueces deberán decir si estos perjuicios son colectivos cuando ni Hacienda sostiene que se ha cometido un delito fiscal.
