La Audiencia de Palma ha recibido el sumario del llamado caso Mapau, tras una instrucción que ha durado 14 años. Se trata de un caso de corrupción en el que a punto estuvo de ser procesado el expresident Matas. En el banquillo de los acusados no se sentará ningún político, sino que únicamente lo harán los tres antiguos funcionarios del Govern que tramitaron la contratación, supuestamente amañada, de Maria de la Pau Segura. Una contratación, que presuntamente, tenía como único objetivo que esta mujer captara votos a favor del PP entre los inmigrantes mallorquines que vivían en Argentina.

Después de que el TSJB determinó que no encontraba motivos que justificara la citación, ni siquiera como testigos de Jaume Matas o Rosa Estarás, finalmente solo se han hallado pruebas contra estos tres antiguos altos funcionarios del Govern. Se trata de la exdirectora general de Promoción Industrial del Govern, Rosa Grijalda; el exsecretario del Institut Balear de Desenvolupament Industrial, Juan Fortuny; y el exjefe de servicio de ese departamento, Ángel Gallego. El fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, pide para cada uno de estos acusados tres años de cárcel por un delito de falsificación. Los hechos se remontan al mes de abril de 1998. La administración convocó una plaza laboral de técnico traductor. Se requería que el aspirante fuera ciudadano comunitario, licenciado en Filología Inglesa y que dominara el castellano y catalán. También se valoraba conocimientos de alemán, francés y ruso. Fueron seis las personas que se presentaron a esta convocatoria de empleo público. La comisión de selección se reunió el 28 de mayo de 1998. Se acordó que la única aspirante que encajaba en la oferta era Maria de la Pau Segura, porque tenía conocimientos de ruso.

El fiscal afirma que los tres acusados acordaron una reunión para realizar una entrevista personal a la candidata elegida. A pesar de que se levantó un acta de la reunión y se certificó que se había acordado que la aspirante era apta para ocupar la plaza, este encuentro no se celebró. En aquella fecha Segura estaba en Argentina. El fiscal sostiene que los tres acusados habían decidido de antemano la contratación de Segura. Este caso explotó cuando se descubrió el empadronamiento masivo de descendientes de inmigrantes de Balears en Formentera, cuyo viaje fue financiado con fondos públicos.