El órdago del Gobierno llegó a las 22.50 horas. El presidente Zapatero, desaparecido durante todo el caos aéreo, firmaba en ese instante en Moncloa un decreto de urgencia sin precedentes en España: ordenaba la militarización de las torres de control, que pasaban a estar bajo control de Defensa y de sus militares. Minutos después los mandos del Ejército empezaban a llegar a las torres de control de casi todos los grandes aeropuertos españoles. Casi todos: el de Palma era una de las pocas excepciones, algo achacable a la ausencia en la isla de controladores militares, como reconocían fuentes del Ejército.
Sí tomaban el mando los militares en Sevilla, Barcelona, Madrid y Canarias, mientras se preparaban para empezar a dar servicio civil las principales bases aéreas del Ejército en la península. Son Sant Joan quedaba al margen de la militarización efectiva, que supone que "la actividad de los controladores queda bajo la organización, planificación, supervisión y control del Ministerio de Defensa", según confirmaban fuentes de Fomento.
Hasta quince años de cárcel
El decreto de urgencia dejaba además en manos de los médicos de AENA la decisión final sobre qué controladores que alegan indisposición están en realidad capacitados para ejercer sus funciones. Y para quien aún después de estas medidas se mantenía en rebeldía, el Gobierno y la Fiscalía cocinaban al cierre de esta edición una última vuelta de tuerca: la posibilidad de procesar por sedición a los controladores que no acudan a sus puestos de trabajo. Y la amenaza es gruesa. Muy gruesa: el delito de sedición, descrito en los artículos 544 y 545 del Código Penal, está penado con condenas de entre ocho y quince años de cárcel e inhabilitación.
Por todo ello, los representantes sindicales de los controladorespedían a sus compañeros que recobrasen la calma y se reincorporasen a sus puestos de trabajo. Mientas tanto el mando militar ordenaba a los controladores que se presentasen en su puesto, so pena de incurrir en delito de desobediencia (hasta seis años de prisión). La Guardia Civil se lo comunicaba a los controladores en la torre de Palma. Y la Policía Nacional se lo hacía saber en Madrid a los profesionales que en ese momento se concentraban en un hotel madrileño, al que acudían decenas de pasajeros afectados a increpar a los controladores.
Las navieras ofrecen plazas libres y el Govern garantiza las urgencias sanitarias
El caos del volcán islandés se puede repetir ocho meses después. Para el día de hoy están previstos 228 vuelos, en una jornada de especial importancia: comienza el puente de la Constitución, que se prolongará hasta el miércoles. La actividad ya fue intensa ayer. Al menos hasta las seis de la tarde. En toda la jornada estaba previsto el paso por Son Sant Joan de 40.000 viajeros, pero al menos 6.000 de ellos vieron frustradas sus intenciones de volar. Aunque la web de AENA sufrió problemas toda la tarde, desde ayer están a disposición de los afectados los teléfonos 902404704 y 913211000. Aprendida la lección del volcán, el Govern trabajó a marchas forzadas con las navieras, que ofrecieron para ayer y para hoy cientos de plazas libres en sus barcos. También se barajaba el refuerzo del servicio con un ferry adicional. El president Antich, que cargó contra los controladores por la "imagen deplorable" que daban del país, aseguró que los desplazamientos en caso de emergencia sanitaria están garantizados y que se reservan ejercer acciones legales contra los controladores.
