La ley es muy estricta en lo que se refiere a la confidencialidad de datos reservados de carácter personal o familiar que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. El Código Penal prevé hasta cuatro años de cárcel para quien revele o utilice dicha información. Las penas aumentan cuando estos datos revelen la ideología, religión, creencias o el estado de salud.