El Ayuntamiento de Inca llegó a pedir por escrito el listado de pacientes del hospital

"No tenemos el listado de pacientes ingresados: ni lo hemos pedido, ni nos atreveríamos a hacerlo". Con estas palabras la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Inca, Margalida Horrach (PP), negaba en la noche del viernes tener conocimiento alguno de la información adelantada ayer por DIARIO de MALLORCA: el uso con fines electorales por parte del Partido Popular de las listas de enfermos ingresados en el hospital de Inca. La edil descartaba así filtraciones ilegales al PP de datos protegidos, y aseguraba que ella y otros concejales de su partido visitan a los pacientes para ofrecerles apoyo sólo cuando se enteran "por la calle" de que están hospitalizados.

Pero ayer esta versión se resquebrajaba: el propio gerente del hospital, Federico Álvarez, confirmaba que hace un año y medio el Ayuntamiento del PP llegó a pedir oficialmente por escrito el listado de pacientes del centro hospitalario, una información blindada por la Ley de Protección de Datos y el Código Penal. "El asunto llegó al Patronato [del hospital] y se denegó la información porque lo prohíbe la Ley, aunque creo recordar que el Ayuntamiento desistió de su petición", corrobora el gerente del centro hospitalario, consciente de que la filtración de los listados constituye un delito de revelación de datos reservados, castigado con penas de hasta cuatro años de prisión.

Este diario tuvo ayer acceso al documento –fechado el 3 de febrero de 2009 y firmado por el entonces alcalde de Inca, Pere Rotger (PP)– en el que el gobierno municipal reclama que se le dé carácter oficial a unas visitas a pacientes que su formación política lleva años haciendo. En el escrito (reproducido en esta página), el PP concreta incluso cómo se enteraban del ingreso de los pacientes: "Se ha seguido siempre un procedimiento informal con el personal del hospital", aclaran.

El entonces alcalde Pere Rotger añade en su carta al gerente del complejo sanitario que las visitas se realizan "desde la puesta en marcha del hospital comarcal". Es decir, el Ayuntamiento y el PP tienen acceso a datos de pacientes al menos desde el 27 de febrero de 2007, fecha en la que el centro fue inaugurado por el entonces president y hoy imputado Jaume Matas. Por todo ello, Rotger reclamaba a Federico Álvarez que hiciese llegar la información "de forma más fluida".

Ratifica los hechos el senador y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Inca, Xavier Ramis, que recuerda la petición del PP y advierte de que ya entonces contactaron con el gerente para denunciar los hechos. "Nos dijo que estaba prohibido y que no facilitaría estos datos, como no podía ser de otra manera", subraya Ramis, que detalla además que su partido denunció ante el propio gerente el caso de un militante socialista sorprendido por la visita de un concejal del PP durante su estancia en el hospital. En aquella ocasión, según el paciente, los ediles entraron en la habitación sin conocerle. "Preguntaron por su nombre –detalla Ramis–, por lo que denunciamos los hechos al gerente, que hizo una investigación informática en busca de una filtración".

No tuvo éxito. Lo confirmaba al final de la mañana de ayer el máximo responsable del hospital de Inca, que horas antes había asegurado a DIARIO de MALLORCA no haber recibido "nunca" información alguna de una filtración de datos. La versión cambiaba al filo del mediodía, cuando, preguntado explícitamente por esta denuncia socialista, Federico Álvarez matizaba lo dicho: "Es cierto, hubo una queja pero lo investigamos y no se encontró nada", reconocía el dermatólogo menorquín y gerente del hospital de Inca, uno de los pocos militantes de UM que se mantuvieron en su puesto tras la expulsión del Govern por parte del presidente Antich de todos los cargos de la formación nacionalista. Álvarez confesaba además que no informó de la irregularidad a la actual conselleria de Sanidad, comandada por el socialista Thomàs.

La investigación interna que en 2009 no tuvo éxito se repetirá ahora. Lo anunciaba ayer mismo el conseller Vicenç Thomàs, que recalcaba que no tenía constancia de unos hechos que "de ser ciertos, serían graves". "Si hubiésemos tenido información de estos hechos, no se habrían producido", abundaba Thomàs, que ordenó ayer abrir una investigación. "Hemos iniciado diligencias previas y si es cierto es un hecho totalmente irregular y pondremos todos los medios para que no se repita", zanjaba Thomàs.