El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, explicó ayer en una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso que el único caso de presunta corrupción que ha parado, al no prorrogar unas diligencias informativas de subordinados suyos, ha sido el que investigaban los fiscales anticorrupción de Balears Juan Carrau y Pedro Horrach en relación a presuntos descuadres patrimoniales del ex president del Govern del PP Jaume Matas.
Conde Pumpido señaló que (el pasado 19 de mayo) acordó no prorrogar las diligencias informativas, iniciadas en 2008 por la fiscalía anticorrupción de Balears, sobre la situación patrimonial del ex presidente del Govern Jaume Matas al entender que de las pesquisas "no se desprendían datos que permitiesen continuar una línea de investigación de delitos concretos".
El fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, decidió, poco después, apartar de las diligencias informativas a Carrau y Horrach, que querían denunciar a Matas, su esposa, Maite Areal, y otras personas por presunto cohecho, percibido en forma de un regalo de casi 1,5 millones de euros en la compra de su casa en Palma.
Barceló y Pumpido abortaron dicha denuncia y el segundo respaldó este otoño la decisión del fiscal superior de Balears de desplazar a Carrau y Horrach de la causa.
Finalmente, las investigaciones de la Policía Judicial de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria sobre Matas, Maite Areal, su cuñado Fernando Areal, su presunto testaferro Bartolomé Reus y otros, fueron judicializadas por el juez palmesano José Castro.
Este magistrado las unió al caso Palma Arena, la presunta trama de corrupción en torno al velódromo del mismo nombre, como indicó ayer Conde Pumpido a los diputados.
Castro, entre otras diligencias, registró el pasado día 6 de noviembre la casa de la familia Matas de la calle San Felio 8 de Palma, bautizada coloquialmente como "el palacete".
Asumir la responsabilidad
Ayer, Conde Pumpido reconoció que, dentro de los principales casos de supuesta corrupción con tramas de políticos y empresarios de los que informó en el Congreso, el asunto del ex ministro Jaume Matas ha sido el "único" en el que ha tenido que asumir la responsabilidad de intervenir como fiscal general.
El compareciente explicó que su puesto implica la facultad de prorrogar las diligencias de investigación "excepcionalmente". "Y si tiene la facultad de prorrogarlas excepcionalmente, también tiene la facultad de no prorrogarlas", apostilló a continuación.
Conde Pumpido precisó que, en cumplimiento del deber de control de garantías que le confiere la ley, decidió no autorizar la prórroga de las diligencias tras los seis meses fijados de plazo.
Su decreto, según recordó el fiscal general, suscitó una discrepancia entre los fiscales anticorrupción encargados del caso Carrau y Horrach y el fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, por su decisión de asumir la investigación iniciada, que se resolvió mediante el sometimiento de la misma al examen del Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal, a finales de julio, expuso ante el fiscal general su desacuerdo con la fórmula de apartar a Carrau y Horrach del caso.
La decisión del fiscal general de no prorrogar las diligencias informativas generó en su momento polémica en Balears e incluso la Fundación Gadeso impulsó un manifiesto para solicitar que continuara la investigación, al que se adhirieron más de cuatro mil personas. Los fiscales palmesanos también expresaron sus quejas contra Pumpido y Barceló.
Conde Pumpido repasó las actuaciones(causas) seguidas contra miembros de partidos y apuntó a que, de los 264 procedimientos penales abiertos en toda España contra cargos públicos, siete de ellos se refieren a dirigentes de Unió Mallorquina.
