El franquismo se encargó de domesticar a los jueces y de utilizarlos en ocasiones como una herramienta más de un sistema represivo y dictatorial. La Democracia y la Constitución cambiaron de plano esa realidad y diseñaron una clara división de poderes, donde la Justicia se convirtió en garante del respeto a los derechos fundamentales y el sometimiento de todos al imperio de la ley. Pero en 30 años los sucesivos Gobiernos no han querido dotar a los juzgados y tribunales españoles de los medios materiales y personales suficientes para cumplir de manera eficaz su rol constitucional. Ahora los abandonados ya no se callan. Reclaman justicia con la Justicia, aunque quizás la huelga no sea el método más popular para defender una buena causa.
