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El Govern "hará todo lo posible" para que en Can Domenge se edifiquen VPO

El conseller de Presidencia, Albert Moragues, ha afirmado que "el Govern está absolutamente de acuerdo" con la decisión tomada por el Consell de Mallorca de rescindir el contrato con las empresas de Can Domenge y ha añadido que "hará todo lo posible" para que se construyan viviendas protegidas en el solar.

En una rueda de prensa conjunta, la presidenta del Consell, Francina Armengol, ha agradecido "el posicionamiento del conseller de Presidencia" y ha incidido en que edificar en el terreno palmesano unas 600 viviendas de protección oficial (VPO) es una de las políticas prioritarias del Govern.

Armengol ha añadido que la construcción de VPO en Can Domenge no solo interesa al Consell de Mallorca, sino también "al Govern y al Ayuntamiento de Palma, por ser un lugar emblemático en el centro de Palma".

La presidenta ha explicado que el decreto de resolución del contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria en 2006 del concurso para construir viviendas en Can Domenge que firmó ayer por incumplimiento de los plazos de las obras "se ha de comunicar vía notarial a la UTE (Sacresa-Ferrá Tur) y a cada una de las empresas por separado".

También ha desvelado que ayer dio orden de comunicarse "con la empresa para informarle de forma oficial la resolución del contrato de Can Domenge".

"La empresa sabe perfectamente que debe estudiar el decreto que yo he firmado y las condiciones de la resolución del contrato y, a partir de su valoración, se pronunciará", ha declarado.

Armengol ha subrayado que se los contactos con las empresas se llevan a cabo para intentar que "renuncien a poner un pleito contra el Consell de Mallorca y acepten la resolución del contrato y, a partir de aquí, se pueda hacer una rescisión de la propiedad y que Can Domenge vuelva a ser pública".

En cuanto a la posibilidad de que la UTE pudiera hacer las viviendas de protección oficial, Armengol ha manifestado que no era posible porque "en el momento de resolver el decreto por incumplimiento de la empresa, queda de facto anulado el concurso".

En este aspecto, Armengol ha recordado que "el objeto del concurso era hacer una urbanización de lujo, no era para hacer viviendas de protección oficial" y ha evocado que "precisamente este fue uno de los debates más importantes de la pasada legislatura" y que, por ello, "no se pueden cambiar las bases del concurso".

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