La Comisión de Medio Ambiente autorizó ayer cinco nuevos proyectos para la instalación de plantas fotovoltaicas en el suelo rústico de las islas, tras la polémica abierta durante los últimos días por el voto en contra del técnico del Consell de Mallorca. Pese a que el cambio de postura del representante político del Consell evito el enfrentamiento, se admitió que las discrepancias existentes en torno a este tema siguen sin resolverse, por lo que podrían reproducirse en la reunión prevista a finales de este mes.
Los proyectos aprobados ayer corresponden a los municipios mallorquines de Santa Margalida, Santanyí, Llubí y Marratxí, y al menorquín de Alaior. El Consell de Mallorca terminó aceptándolos por los gastos que conlleva la tramitación de estos proyectos, pero este organismo insular, al igual que los de Menorca o Eivissa, siguen exigiendo una planificación a la hora de autorizar este tipo de instalaciones. Y en esta reivindicación han terminado encontrando el apoyo de la conselleria de Medio Ambiente.
El principal problema radica en la defensa a ultranza que la conselleria de Comercio e Industria realiza de estas instalaciones fotovoltaicas. Su apoyo a todos estos proyectos se justifica alegando que es la única forma de conseguir que una parte importante de la energía que se consume en Balears sea no contaminante.
Sin embargo, desde Medio Ambiente se reconocía ayer que es necesario planificar en qué zonas de las islas es conveniente la autorización de placas solares en suelo rústico, y se indicó que para ello es necesario un gran consenso entre el Govern, los consells insulars y los ayuntamientos.
