La documentación de siete meses sobre la construcción del velódromo Palma Arena no está en posesión del Govern, que estudia las posibles irregularidades en los contratos firmados durante la pasada legislatura.

Diversas fuentes de máxima solvencia coincidieron en señalar esta desaparición documental, si bien matizaron que las pesquisas se encuentran precisamente en la fase inicial de recabar información. Diario de Mallorca avanzó ayer que la Fiscalía investigará el caso, pendiente de que el Govern finalice su investigación.

La dificultad estriba en que los contratos para la construcción del velódromo corresponden a dos entidades diferentes. El estacionamiento y otras partes de la obra fueron encargados a la Fundación Illesport, dependiente de la conselleria de Deportes, mientras que el edificio en sí fue gestionado por un consorcio en el que participan el ayuntamiento de Palma y el Consell, además de la misma Fundació Illesport.

Laberinto institucional

Este "laberinto institucional", según fue descrito por una de las fuentes consultadas, puede haber favorecido el extravío de los papeles. Sin embargo, no explicaría el desvío presupuestario que originó la investigación de este caso.

El Palma Arena fue edificado a propuesta de la administración Matas para acoger el campeonato del mundo de ciclismo en pista en marzo de 2007, poco antes de las elecciones autonómicas. Su presupuesto inicial de 48 millones casi se duplicó; su dirección de obras costó nueve millones de euros, otras tantas veces más de lo que cuesta la de una obra compleja como la del Hospital de Son Espases, de referencia para el archipiélago. Las modificaciones del proyecto, algunas de ellas verbales, supusieron 30 millones de desembolso extraordinario.

Sin embargo, diversas fuentes del Ejecutivo descartaron ayer que se estén auditando estas desviaciones financieras. El Govern únicamente está analizando los diversos procesos contractuales seguidos por el consorcio Palma Arena, en los que existen también indicios de irregularidad. Será en todo caso la Fiscalía quien efectúe una investigación sobre las cuestiones financieras, en el caso de que finalmente decida intervenir en este escándalo. El Govern, que ya ha efectuado reuniones informales con aquel departamento, carece de medios económicos para un estudio tal.