En una isla donde a los jóvenes -y a los no tan jóvenes- cada vez les cuesta más esfuerzo acceder a una vivienda digna por la creciente precariedad del empleo y de los salarios y por el aumento constante de los precios, el espectacular enriquecimiento que habría proporcionado el polígono de Son Oms a ciertas personas resulta una bofetada en la cara, sobre todo porque dicho enriquecimiento se pudo haber logrado con actuaciones contrarias a la ley que ahora investiga la justicia. Sería lamentable que aquellos que debían trabajar desde un cargo público en favor de la sociedad y las piezas más débiles de la misma se hayan lucrado a costa de ésta. Tal y como recoge la noticia, a mediados de los 90 el metro cuadrado de rústico se pagó a 12 euros y ahora se cotiza a 800 euros. Hoy hay muchos ciudadanos que ni siquiera alcanzan esta cantidad mensualmente y se preguntan por qué quien tenía que defender sus intereses trabajó presuntamente para beneficio propio.
