El estudio encargado por la presidenta del Consell sobre la situación real y legal de Can Domenge existe, pero sin previsión de que vaya a conocerse pronto, según admiten, a regañadientes, algunos responsables políticos de la institución.
Si el estudio confirma que la empresa constructora de Can Domenge está incumpliendo los plazos fijados en el concurso, el Consell está dispuesto a denunciar la venta de estos terrenos.
"Existe un compromiso de la presidenta en este sentido", recordaron fuentes próximas a Francina Armengol. Sin embargo, las mismas fuentes aseguraron que tal acción es más compleja de lo que aparenta.
Y las razones no son exclusivamente políticas, al menos según han destacado diversas personas del entorno presidencial. El mismo conseller de Economía, Antoni Alemany, ya explicó en pleno que no está claro que la empresa haya incumplido el acuerdo, por más que se haya sobrepasado la fecha prevista para la presentación del proyecto.
Primer argumento
El incumplimiento del pliego de condiciones presentado en el concurso de Can Domenge es visto por sus detractores -y por el PP, que lo expuso en el pleno del Consell- como el principal argumento que puede detener la urbanización, dado que ha de resultar muy difícil demostrar que sus ganadores contaron con información privilegiada o que el concurso fue creado a su medida, como ha sostenido la promotora rechazada Núñez y Navarro SA.
Aunque UM ha sido presentado como el autor y principal valedor de la venta de Can Domenge por un precio inferior al de tasación mediante el sistema de concurso, algunas fuentes destacan que los nacionalistas no insisten ya en la defensa del procedimiento.
La situación "enfangada" -como la describió una de las personas consultadas- no se debe a la acción de UM en el gobierno de la institución ni a un pacto de gobierno. Estas fuentes señalaron como los nacionalistas han dejado de abanderar diversos proyectos polémicos, según sus líderes históricos -Maria Antònia Munar y Bartomeu Vicens- van pasando a un plano más discreto.
Esta situación habría propiciado, entre otras cosas, el desbloqueo en la redacción del decreto ley de medidas urbanísticas urgentes y de diversos puntos en la ley que ha de seguirlo.
