El juez instructor del caso Andratx ha reclamado al Consell Insular "miles" de expedientes sobre la actividad urbanística desarrollada en el suelo rústico mallorquín durante las dos últimas legislaturas, según ha conformado el responsable del área de Territorio de la citada institución, Bartomeu Vicens. La documentación remitida al juez Alvaro Latorre incluye tanto las licencias como las cédulas de habitabilidad o las actas de inspección de las dos últimas legislaturas, entre otros apartados.
Bartomeu Vicens indicó que "cada 15 días" se presenta una nueva petición de documentación en el Consell, en muchos casos sobre el conjunto de la actividad urbanística desarrollada en el suelo rústico y en otros sobre actuaciones realizadas en el municipio de Andratx.
La sorpresa de los técnicos del Consell radica en que no se percibe en estas solicitudes una línea de investigación concreta, sino que se trata de "montañas de papel" sobre la actividad de esta institución en materia de urbanismo. Basta señalar que durante el quinquenio 2001-2005 la cifra de licencias concedidas por la institución insular para la construcción de viviendas unifamiliares supero las 2.000.
Por ello, se apunta la posibilidad de que se trate de una "estrategia" de los defensores de los imputados en el caso Andratx, destinada a "liar aún más un caso que ya de por sí es complejo".
En cualquier caso, Bartomeu Vicens señaló que todos los expedientes que está reclamando el juez Latorre se están enviando puntualmente, a no ser que se trate de documentación no disponible, como ya ha sucedido, al haberse pedido estadísticas que el Consell no elabora. En cualquier caso, aseguró que todos estos encargos no están provocando ninguna saturación de trabajo en su departamento.
Algunas fuentes han señalado que esta petición masiva de información sobre las construcciones realizadas en el suelo rústico está generando preocupación en algunos municipios, aunque esta teoría es observada con escepticismo desde el Consell, dado que la información reclamada es excesivamente amplia como para poder ser revisada a conciencia.
También se ha apuntado la posibilidad de que el objetivo sea comprobar si desde el Consell se aplicó una vigilancia ´especial´ sobre la zona de Andratx. Sobre este último punto, Bartomeu Vicens señaló que las cédulas de habitabilidad de las nuevas construcciones se conceden previa inspección, una medida que se aplica en todos los municipios isleños. Respecto a las ampliaciones de construcciones ya existentes, lo normal es que la inspección se produzca en el caso de que se haya registrado alguna denuncia por presunta ilegalidad.
El conseller insular de Territorio recordó que durante el periodo 2003-2006, Andratx fue el municipio en el que se impugnaron más licencias urbanísticas concedidas por su Ayuntamiento, con siete casos, seguido de Selva, con cinco, ambos investigados por presuntas irregularidades urbanísticas. En ambos casos, Vicens recordó que se trata de poblaciones que o no contaban con planeamiento urbanístico o éste estaba absolutamente desfasado, lo que las convertía en zonas "de alto riesgo".
