El Consell de Mallorca ha concedido durante 2004 y 2005 casi 300 licencias por ejercicio para construir viviendas en suelo rústico, pero entre 2001 y 2003 la media se situó por encima de las 500 licencias, y en 2000 se alcanzaron las 800, lo que refleja el volumen de expedientes solicitados por el juez instructor del caso Andratx al citado organismo insular.

Otra referencia a tener en cuenta es que en 2005 la cifra de declaraciones de interés general aprobadas superó las 300, la mayoría para el tendido de redes eléctricas en suelo no urbanizable.

Respecto a las sanciones aplicadas, entre 2003 y 2006 ascendieron a 156 por un importe global de 8,9 millones de euros, mientras que entre 1999 y 2002 fueron 137 por un valor de 3,6 millones.

Entre 2003 y 2006 se contabilizaron también 20 impugnaciones por parte del Consell de Mallorca de licencias urbanísticas concedidas por los Ayuntamientos, siete de ellas de Andratx y cinco de Selva, mientras que en los cuatro ejercicios anteriores la cifra global fue de tres.

Las ordenes de demolición de obras ilegales durante esos ocho años fue de 96, aunque la inmensa mayoría corresponden a la segunda mitad del citado periodo.