Juan Luis Matas, defensor del suspendido celador municipal de obras de Andratx, y uno de los principales implicados en el caso Andratx, la presunta trama de corrupción, reclamó al juez la abundante prueba documental, solicitada a su vez por el magistrado al Consell de Mallorca, para conocer la realidad del urbanismo en suelo rústico de Mallorca. Las defensas alegan, entre otros argumentos exculpatorios, que existen multitud de casos de construcciones en suelo rústico en otros municipios similares a las investigadas en el caso Voramar y que el Consell de Mallorca podría haberse centrado únicamente en Andratx a la hora de denunciar ante la fiscalía presuntos delitos contra la ordenación del territorio.

Juan Luis Matas recabó hace algunas semanas al magistrado Álvaro Latorre la práctica de una voluminosa prueba documental. El defensor pidió que se oficiase al Consell de Mallorca para que informara sobre las licencias urbanísticas otorgadas en los últimos años en suelo rústico y en todos los municipios de la isla.

Matas también solicitó datos sobre otros parámetros que permitieran conocer cuál ha sido la realidad urbanística insular, especialmente la edificación sobre áreas rurales de interés paisajístico (ARIPS) o áreas naturales de especial interés (ANEIS).

Casos de disciplina

La defensa de Gibert también quiere analizar las estadísticas en materia de disciplina urbanística del Consell de Mallorca y especialmente cuántos y cuáles expedientes han acabado con la formulación de denuncias ante el fiscal de delitos ecológicos.

Algunos de los principales imputados en el caso han destacado las malas relaciones mantenidas en los últimos años por los distintos consistorios de Andratx con los responsables de urbanismo del Consell. También se han atribuido a rencillas entre partidos políticos, especialmente Unió Mallorquina contra el Partido Popular, algunos de los episodios objeto de investigación.

El juez aceptó la petición de prueba y el Consell ha empezado a remitir cientos de documentos.