Bruselas cierra el acuerdo que extremará el control sobre las emisiones de la pesca

Ya hay acuerdo político en torno a la modificación de la Directiva 2005/35/CE, por la que hasta ahora se venían rigiendo los vertidos de la flota y las sanciones vinculadas a los delitos de contaminación. Se trata de un marco legislativo que llegó a raíz de los siniestros de los petroleros Erika y Prestige, y que con este nuevo cambio extremará todavía más el control sobre los barcos que navegan en aguas comunitarias. Con la modificación, se amplía su ámbito de aplicación para abarcar más tipos de sustancias nocivas derramadas al mar, y precisamente ante ello se pronunció el sector pesquero a finales de noviembre, advirtiendo sobre el posible impacto para la pesca que podría traer consigo “la inclusión de disposiciones sobre las emisiones de óxido de azufre y óxido de nitrógeno procedentes de los gases de escape de los buques”. El Comité de Pesca del Parlamento Europeo (PECH) solicitó al de Transportes, responsable de la materia, que tuviese en cuenta las altas exigencias planteadas con relación a la antigüedad de la flota. Y pidió que la ampliación del ámbito de aplicación se reflejase “firmemente” en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), con un “mayor apoyo” a los motores de bajas emisiones y a la renovación de las embarcaciones.

El acuerdo político tendrá que adoptarse ahora formalmente. Una vez que el Parlamento Europeo y el Consejo hayan completado el proceso, las nuevas normas se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y entrarán en vigor 20 días después; desde entonces los Estados miembros dispondrán de 30 meses para transponer la Directiva. A falta de hacerla pública, la Comisión Europea se ha adelantado a anunciar su visto bueno, dejando claro que acoge “con satisfacción” el pacto alcanzado.

No lo hace así el sector pesquero, y por varias razones de peso. La primera, conforme reconoce Daniel Voces, director gerente de Europêche, es porque Bruselas, “una vez más, se exime de hacer un análisis de impacto socioeconómico de sus políticas”. Es una situación que ya han denunciado los armadores en otras ocasiones, como cuando se dio luz verde al veto a la pesca de fondo en las 87 áreas del Atlántico Norte. Tampoco se realizó un estudio similar. “En este caso se pone como excusa que esta ampliación se centra en el control del cumplimiento de las normas internacionales. Normas que, según el Ejecutivo europeo, hay que respetar con o sin la Directiva”, añade Voces.

Para la patronal europea de la pesca, la Comisión obvia que la inclusión de disposiciones sobre las emisiones de óxido de azufre y óxido de nitrógeno procedentes de los gases de escape de los buques “puede tener un mayor impacto en el sector pesquero”, como advirtió el Comité de Pesca del Parlamento al de Transportes. “Esto es debido a que la flota europea se compone de buques de media de 31,5 años, pertenecientes a pymes con recursos limitados para invertir en nuevos motores de bajas emisiones”, recuerda. Asimismo, evidencia que la pesca está sujeta a restricciones, como los límites de capacidad, que no se aplican al transporte marítimo.

Por ello, desde el PECH, y apoyado por Europêche, se pedía la reforma del Fempa, con un mayor apoyo a los motores de bajas emisiones y a la renovación de la flota. “Esperamos que este llamamiento se haya mantenido en el acuerdo final”, dice Voces, señalando que todavía no tienen acceso al pacto y resaltando que el cauce legislativo para llevar a cabo tal reforma es la revisión directa del Fempa, que esperan tenga lugar cuando se constituya la nueva Comisión después de las elecciones comunitarias del próximo mes de julio: “Lo que está claro es que no habrá descarbonización de la flota sin una financiación adecuada”.

Mejoras en vigilancia satelital

“Todas las nuevas medidas refuerzan el efecto disuasorio y contribuyen a la prevención de la contaminación en los mares europeos”, recoge por su parte Bruselas en un comunicado, en el que afirma que “mejorarán la transparencia al poner a disposición, en línea, información sobre los delitos de contaminación en los mares europeos y las sanciones”. También se podrá acceder online a la información sobre la forma en que las autoridades costeras verifican un posible derrame tras una alerta por satélite.

Por otro lado, la nueva Directiva “aclarará” la aplicación de sanciones administrativas para hacerlas “más eficaces”. Por ejemplo, teniendo en cuenta la magnitud de la descarga ilegal, su impacto en el medio ambiente o la capacidad financiera de la entidad responsable cuando los Estados miembros impongan sanciones. “Habrá herramientas y plataformas más sólidas para el intercambio de información y experiencias para las autoridades de los Estados miembros”, agrega igualmente la nota, que explica que, entre otras cuestiones, se mejorará la vigilancia por satélite de la contaminación procedente de buques (a través de CleanSeaNet, base de datos de vigilancia e intercambio de información de la AESM), dotándola de una “mejor resolución”.

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