Competencia sanciona con más de seis millones a cuatro compañías por manipular licitaciones con Defensa

Establecieron dos cárteles para manipular y repartirse un centenar de licitaciones del Ministerio de Defensa por valor de 60 millones de euros. La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia ha sancionado a cuatro compañías y seis de sus directivos, que ya no podrán contratar con la Administración Pública.

Las multas a las cuatro empresas superan los seis millones de euros, mientras que las impuestas a los directivos van desde los 5.000 a los 52.000 euros por su participación en la trama.

Se da la circunstancia de que con respecto una de estas firmas, Comercial Hernando Moreno (Cohemo), contratista del Leopard -los tanques enviados a Ucrania-, en marzo del pasado año se anuló una adjudicación de 4,5 millones por sospechas de amaño de las licitaciones. Dicha actuación se incardinaba en la investigación que Competencia inició en junio de 2021 tras inspeccionar las sedes de las empresas. La Dirección de Competencia unos meses después un expediente sancionador que es el que ahora se ha hecho público.

En dicho momento, la Comisión también detectó "intercambios de información sensible de los contratos objeto de licitación, normalmente con carácter previo a su adjudicación, así como de contactos frecuentes tanto por vía telefónica como por correo electrónico", según la investigación realizada.

Anulación de contrato

Con respecto a Cohemo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio que preside María Jesus Montero, anuló el contrato que se le había adjudicado para el mantenimiento de los sistemas contraincendios y antiexplosión en instalaciones y vehículos, entre ellos los diferentes tipos de carros de combate 'Leopard', según informó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

El organismo que controla los mercados informó que las multas dictadas ahora afectan, además de a Cohemo, a las compañías Star Defence Logistics & Engineering, S.L. (SDLE); y Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios, JPG, S.A. (JPG) por repartirse licitaciones relacionadas con el suministro, el mantenimiento y la modernización de vehículos militares entre enero de 2016 y junio de 2021. Estas compañías son multadas con 1.067.44, 3.302.912 y 1.304.220 euros respectivamente.

Por otro lado, Competencia ha sancionado Cohemo y a Casli, S.A. (Casli) por manipular un acuerdo marco para comprar contenedores militares entre septiembre de 2019 y noviembre de 2021. En este caso, las multas son considerablemente más bajas, de 450.000 y 100.000 euros, respectivamente, según la información a la que ha accedido este diario.

La conducta sancionada se refiere al reparto de contratos mediante pactos de no concurrencia. Esto es, se coordinaron para emitir ofertas de cobertura, retirar o presentar programas e instrumentalizar el sistema de colaboración temporal entre empresas (UTE).

Mantenimiento de Centauros y Leopard

Los acuerdos anticompetitivos afectaron a casi un centenar de contratos, valorados en 60 millones de euros: 13 acuerdos marcos (AM), sus correspondientes 81 contratos (CBAM), y otros 10 contratos públicos. Estas licitaciones estaban relacionadas con el mantenimiento de vehículos militares (como los Centauro, Leopard, Pizarro, BMR, VEC y RG-31) y material de campamento. 

Este tipo de acuerdos anticompetitivos están prohibidos por la Defensa de la Competencia, y suponen una infracción muy grave constitutiva de cártel que puede ser sancionada hasta con un 10 por ciento del volumen de negocio de las empresas. 

Las sanciones se producen pese a que las compañías han presentado programas de cumplimiento normativo, que serán revisados en los próximos meses a efectos de que pueda reconsiderarse la prohibición de contratar por parte de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

Si tras un análisis de seis meses se considera que las empresas siguen teniendo la voluntad de cumplimiento y promoción de la cultura de defensa de la competencia, se propondrá a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado que vuelva a tener en cuenta sus programas.

En el caso de la adjudicación a Cohemo, la investigación realizada constató que había recibido el informe favorable del comandante Antonio de Andrés Labrandero, en calidad de representante del Ministerio de Defensa, que había dado por bueno que otra empresa, que era fabricante de los equipos de extinción, pusiera a disposición de la adjudicataria sus propios medios para la ejecución del contrato de los carros de combate.