Nuevo frente judicial en la investigación sobre la mafia laboral. Siete empleados de varios establecimientos clausurados tras la macrooperación policial han presentado una denuncia contra la Policía por coaccionarles para que acusaran a los cabecillas de la red. Estos trabajadores aseguran, en un extenso escrito presentado en el juzgado de guardia, que fueron presionados para obtener testimonios incriminatorios contra sus jefes. Un juzgado de Palma analizará ahora el caso para determinar si los agentes se extralimitaron en sus funciones para obtener pruebas.
Los siete denunciantes, supuestas víctimas del entramado empresarial que sometía a sus trabajadores a condiciones de semiesclavitud, acudieron anteayer por la mañana al edificio de Vía Alemania en compañía de un abogado. Se presentaron en el juzgado de instrucción número 4 de Palma, que se encontraba en funciones de guardia, y anunciaron su intención de denunciar por coacciones, amenazas y extorsión a la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación de documentos (UCRIF). Uno por uno, los empleados expusieron su versión, aunque finalmente fue su letrado quien regresó horas después al juzgado con una voluminosa denuncia ya redactada y la entregó.
En el escrito, según explicaron fuentes conocedoras del caso, los trabajadores sostienen que los policías les han presionado en el curso de las pesquisas para conseguir que aportasen información sobre las presuntas prácticas delictivas de sus jefes. Algunos de los denunciantes, testigos en la investigación sobre la red mafiosa, aseguran incluso que les coaccionaron y amenazaron para lograr testimonios incriminatorios, intimidándoles con las consecuencias que podrían sufrir si no cooperaban en la investigación.
La denuncia ha sido remitida al decanato, que será el encargado de asignarla al juzgado de instrucción que corresponda siguiendo las normas del turno de reparto. Será ese órgano judicial el que analice el contenido del escrito y determine si las prácticas descritas en la denuncia pueden ser constitutivas de delito. Entre otras cuestiones, el magistrado tendrá que aclarar si los policías se extralimitaron en sus funciones para conseguir que los testigos ofrecieran relatos exagerados de sus condiciones laborales para apuntalar las acusaciones contra las principales acusados.
En principio, esta nueva causa judicial seguirá un curso paralelo e independiente a las pesquisas que lleva a cabo el juzgado de instrucción número 1 de Palma sobre lo que la Policía califica de mafia laboral. Una investigación todavía en fase inicial, que continúa bajo secreto de sumario y por la que seis acusados permanecen en prisión provisional desde la macrooperación policial.
El 14 de diciembre, tras recabar durante meses numerosas denuncias de empleados, la Policía irrumpió en los locales regentados por los sospechosos. Los indicios recabados apuntaban a la existencia de un gran entramado delictivo. Los acusados supuestamente sometían a los trabajadores a condiciones laborales abusiva, como jornadas de 70 horas semanales por salarios de 600 euros, inmigrantes irregulares sin contratos e incluso agresiones físicas. Además, supuestamente defraudaban por sistema a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria -el fraude estimado superaría el millón de euros- y almacenaban los alimentos que servían en los restaurantes en condiciones insalubres.
La primera fase de la 'Operación 14' se saldó con la inspección de una treintena de locales y 14 detenidos. Seis de ellos fueron encarcelados por orden judicial, entre ellos los hermanos Juan Antonio y Jerónimo S.G., considerados los cabecillas de la red. El magistrado decretó el cierre cautelar de 22 negocios regentados por los sospechosos.
En las semanas siguientes fueron han sido arrestadas otras cuatro personas y se clausuraron once locales más. La semana pasada el juez levantó el precinto de cuatro de los establecimientos tras compraron que se habían subsanado las irregularidades detectadas. El magistrado nombró a un administrador judicial para que controle la actividad de tres de estos negocios y evite que se cometan más ilegalidades.
