Seis detenidos de la 'mafia laboral' que estaba al frente de conocidos restaurantes y bares de Palma ingresaron ayer tarde en prisión por orden judicial por presuntamente explotar a sus trabajadores y defraudar más de un millón de euros a la Seguridad Social y a Hacienda. El magistrado de guardia de Palma, Juan Manuel Sobrino, que instruye el caso, fue contundente. Los seis arrestados que prestaron declaración ante él acabaron entre rejas. Entre ellos se encuentra el cabecilla del entramado, Juan S.G, que cuenta con más de una treintena de sociedades vinculadas al sector de la hostelería, su mujer, un hermano y otros tres socios que figuraban como administradores en las empresas investigadas, en las que el líder de la red normalmente siempre tenía una mayor participación. El juez acordó la prisión provisional sin fianza para todos ellos, como había pedido la fiscal.
Además, el magistrado ordenó la clausura temporal de una treintena de establecimientos radicados en el centro de Palma y en Marratxí como medida cautelar mientras dure la instrucción. Estos locales fueron inspeccionados el pasado lunes por la Policía Nacional y funcionarios de Trabajo y Sanidad en un impresionante operativo en el que se movilizó casi un centenar de agentes.
Los seis principales sospechosos, ahora encarcelados, están acusados de un rosario de delitos: pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, explotación laboral, fraude a la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública, delito continuado de falsedad en documento mercantil y laboral y contra la salud pública, por tener almacenados alimentos en mal estado. Además, a uno de los implicados se le imputa otro delito contra la administración de justicia. Los investigadores han concluido que formaban un entramado que supuestamente explotaba a trabajadores, sometidos a condiciones laborales abusivas y con contratos irregulares, y que tejieron una red de sociedades para defraudar al Estado en las cotizaciones y pago de tributos. Además, uno de los empresarios habría amenazado a un empleado que se quejó de su situación laboral.
En libertad con cargos
Aparte de los seis encarcelados, otros ocho detenidos en la misma operación, entre ellos una pareja de ciudadanos búlgaros o el contable de la trama, quedaron libres con cargos el pasado miércoles en la Jefatura Superior de Policía de Palma.
Ayer al mediodía, la mayoría de sospechosos declaró solo a las preguntas de sus abogados. Un arrestado de origen búlgaro, que está al frente de varios locales de hostelería en Marratxí, trató de acreditar su arraigo en el país al indicar que llevaba 18 años en España y que estaba casado y tenía una hija, ambas españolas. Por su parte, la mujer del líder alegó que, pese a figurar como administradora de varias sociedades, no estaba físicamente en los establecimientos nunca y se limitaba a firmar lo que le decían.
Otro empresario de la hostelería, que declaró durante una hora, reconoció ante el juez que funcionaban con una contabilidad en B en su local. Este arrestado negó haber explotado a sus trabajadores. Según su versión, todos sus empleados tenían los papeles en regla y sus contratos eran de ocho horas diarias. Recalcó que las contrataciones eran legales y que cumplía con el sueldo acordado.
El cabecilla de la red y su hermano negaron haber explotado y amenazado a sus trabajadores para evitar ser denunciados y destacaron que los empleados nunca fueron engañados, ya que conocían y aceptaban las condiciones laborales. Dijeron que sabían que estaban siendo investigados.
