Los cabecillas de la red de empresarios detenidos la semana pasada en Palma podrían enfrentarse a sendas penas de hasta 28 años de cárcel. El juez que decretó el ingreso en prisión preventiva de seis de los 14 arrestados les imputa delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública, fraude a la Seguridad Social, falsedad en documentos mercantiles, contra la salud pública y contra la Administración de Justicia, para los que el código penal prevé duras condenas.
La investigación sobre esta 'mafia laboral' continúa abierta y bajo secreto de sumario, por lo que tanto la Policía como el magistrado que instruye la causa prosiguen con las pesquisas para desvelar un entramado en el que habría unas 200 personas implicadas y no se descartan nuevos arrestos. Tras varios meses de gestiones, los investigadores llevaron a cabo el pasado lunes una gran operación en la que fueron inspeccionados 25 bares y restaurantes del centro de Palma y Marratxí -22 de los cuales fueron clausurados por orden judicial- y se practicaron ocho registros en viviendas y oficinas. La Policía se incautó de unos 500.000 euros en metálico.
Según la investigación, los sospechosos formaban parte de una red que en los últimos dos años habría sometido hasta a 1.200 empleados de estos negocios a condiciones laborales abusivas. Además, supuestamente defraudaron en torno a un millón de euros en cuotas impagadas a la Seguridad Social y Hacienda y los alimentos que servían se almacenaban en condiciones insalubres. También se han recibido denuncias de agresiones a trabajadores que protestaron por sus condiciones.
CCOO se ofrece a los afectados
La Federación de Servicios de CCOO ha ofrecido su ayuda a los trabajadores afectados por el cierre de estos establecimientos, con información y mediación ante las autoridades laborales de las islas. El sindicato se muestra dispuesto a mediar ante la conselleria de Trabajo, Indústria y Comercio y ante la Inspección de Trabajo, para atender a los trabajadores.
CCOO considera que los empleados afectados "necesitan todo el amparo que se les pueda prestar desde el sindicato, ya que son las verdaderas víctimas de una situación creada por una parte del sector empresarial deleznable". El sindicato sostiene que no pueden ser "doblemente penalizados", primero por "las condiciones de esclavitud a las que han sido sometidos y ahora por perder el trabajo sin poder acceder a las correspondientes prestaciones", declaró ayer el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, Ginés Díez.
Díez anunció que el sindicato propondrá a la patronal de restauración presentarse conjuntamente como acusación particular en esta causa, ante "el rechazo social que merecen estas prácticas". "Nuestro principal objetivo en estos casos es ayudar y dar la máxima seguridad a los trabajadores que pueden perder su empleo, es por esto que la asesoría sindical que se les dé será gratuita", concluyó.
