El alcalde de Sóller, Jaume Servera, ha remitido a su antecesor en el cargo Carlos Simarro un decreto en el que le obliga a devolver once teléfonos móviles del anterior consistorio o a pagar 5.800 euros bajo amenaza de embargarle sus cuentas bancarias y dietas que percibe del ayuntamiento. Por su parte, el PP emitió ayer tarde un comunicado en el que afirma que tomará acciones legales contra el alcalde si ejecuta el embargo al jefe de la oposición.

Según un decreto de alcaldía, el actual consistorio responsabiliza a Carlos Simarro de la presunta desaparición de once teléfonos móviles de alta gama que todavía están bajo una permanencia con la operadora telefónica. El equipo de gobierno sostiene que estos teléfonos son los que usaron los concejales del PP en la pasada legislatura 2011-15. A través del decreto, el ayuntamiento reclama a Simarro la devolución de los terminales telefónicos o, en su caso, el abono de 5.800 euros. El alcalde apercibe a Simarro que de no realizar alguna de las dos opciones que le sugiere le embargará sus cuentas bancarias y las dietas que percibe como concejal en el ayuntamiento de Sóller con el fin de resarcir el dinero que le reclama.

Por su parte, el PP advierte de que se "reserva el derecho de emprender acciones legales" contra el alcalde y el decreto "si ejecuta su amenaza de embargo". Los populares sostienen que los teléfonos móviles fueron administrados por los servicios informáticos municipales, que identificaron a las personas a las que les fueron entregados y que no es responsabilidad del alcalde su control. Añaden que el ayuntamiento tiene instrumentos para reclamar los teléfonos "que supuestamente están extraviados directamente a sus usuarios".