La fiscalía, como acusación alternativa, solicitó ayer una pena de casi tres años de prisión contra el alcalde de Lloseta, Bernat Coll, y contra tres concejales que formaban parte de su equipo de Gobierno.
El juicio, que durante dos días se ha celebrado contra los cuatro políticos municipales, quedó ayer visto para sentencia, después de los informes de la fiscal, del abogado de la acusación popular que representa al PP y del letrado defensor, que pidió la absolución de los cuatro imputados.
En el escrito de acusación inicial de la fiscalía se planteaba que el alcalde Coll y sus tres compañeros de consistorio habían cometido cinco delitos de prevaricación. Les acusaba de tomar decisiones ilegales, sin atender a la advertencia del secretario municipal. Sin embargo, la fiscalía planteó ayer una acusación alternativa, mucho más dura que la inicial, que en el caso hipotético de que la juez la aceptara, supondría el ingreso en prisión de los cuatro políticos municipales.
Delito urbanístico
El Ministerio Público considera ahora que los hechos que se juzgan son constitutivos de dos delitos de prevaricación y otros dos contra la ordenación del territorio. Además de solicitar su inhabilitación como cargo público, la acusación reclama una condena de dos años y once meses de prisión para cada uno de los políticos. Una acusación que la fiscal justificó en su informe por "la gravedad de los hechos" que se han denunciado, ya que el propio alcalde Bernat Coll reconoció que había cometido una ilegalidad, pero que lo había hecho siempre en favor del pueblo de Lloseta. La fiscal intentó convencer a la juez de que no se trataba de errores, sino que los cuatro políticos municipales fueron siempre conscientes de que estaban cometiendo una ilegalidad, porque así se lo había advertido el secretario municipal, pero estaban convencidos de que sus actos no tendrían ninguna consecuencia. "Se ampararon en su poder para hacer lo que les dio la gana". La acusación denuncia que el Ayuntamiento otorgó ilegalmente la gestión del teatro de Lloseta sin convocar un concurso público, como establece la ley. Y también acusa al equipo de Gobierno de otorgar dos licencias de construcción que no se ajustaban a la normativa urbanística municipal. Sobre la gestión del teatro, la fiscalía mantiene que debió ser municipal, como ocurre en otros pueblos, y que el alcalde conocía que para otorgar un contrato tenía la obligación legal de convocar un concurso. Sin embargo, no lo hizo. Sobre la cuestión urbanística, señaló también que existía la posibilidad de solventar los problemas legales que sufrían estas nuevas construcciones, pero que el Ayuntamiento no lo ha hecho. También detalló la obligación que tiene el Ayuntamiento de cumplir las normas subsidiarias del municipio.
La defensa de los cuatro ediles reconoce que se han cometido errores administrativos, pero que no tienen el nivel de delito. El abogado recordó que la juez de instrucción, inicialmente, archivó esta denuncia.
