El abogado defensor Gabriel Garcías reconoció que, en efecto, las cosas en el municipio de Lloseta no se habían hecho bien, pero que todo se debía reconducir a irregularidades de tipo administrativo y no a la comisión de los delitos que imputaba la fiscalía. El letrado, ante la difícil misión que supone defender a unos políticos que reconocen que no respetaron la ley, afirmó que "Lloseta no es Nueva York y allí las cosas se hacen como si fueran de andar por casa". Garcías intentó convencer a la magistrada de que en ocasiones en los pueblos pequeños se adoptan decisiones, que posiblemente no se ajustan escrupulosamente a la ley, pero que se hacen siempre a favor de la mayoría de los ciudadanos.
En su informe, la defensa recordó que esta denuncia la presentó un vecino en el año 2007, pero que casualmente esta persona ha "desaparecido" de este proceso y no ha podido ser localizada. La denuncia, después, la impulsó el Partido Popular. Garcías recordó que la juez de Inca, que instruyó el caso, inicialmente archivó la denuncia y que la fiscalía apoyó esta decisión. Por ello, le extrañaba este cambio de criterio del Ministerio Público, que ahora pide incluso el ingreso en prisión de los cuatro políticos de Lloseta. La defensa insistió en que, aunque se pudo infringir la ley, ninguna de las decisiones que adoptó el equipo de Gobierno de Lloseta ha perjudicado a la administración.
También denunció que se pueda imputar ahora un delito contra la ordenación del territorio.
