El ayuntamiento de Bunyola deberá pagar, en un plazo de cinco años, 877.172,27 euros más intereses en concepto de expropiación forzosa de tres solares situados en la costa de l´Estació, propiedad de las Destilerías Antoni Nadal. La Sala de lo Contecioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears ha desestimado el último recurso interpuesto por el Consistorio, en el que proponía aplazar el pago y abonar un máximo de 20.000 euros anuales, lo que suponía unos cincuenta años para abonar la totalidad de la sentencia.

El auto definitivo de este proceso judicial, emitido el pasado mes de febrero y contra la que ya no cabe recurso, obliga al Ayuntamiento a pagar los 877.172 euros más intereses -hecho que acerca la cantidad al millón de euros- durante los próximos cinco años. El primer pago, de 179.000 euros, deberá haberse realizado antes del próximo 31 de julio. Esto obligará al consistorio a modificar el presupuesto municipal de este año. Según ha explicado el alcalde, Jaume Isern (PP), en las próximas semanas se convocará un pleno extraordinario para modificar las cuentas y proveer esta cantidad.

Con este auto se pone fin a un largo proceso judicial iniciado en la década de 1980. El conflicto tiene su base en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, aprobado en 1982, que calificaba estas parcelas, situadas junto a la antigua fábrica de Palo Túnel en el pueblo, como suelo urbano destinado a aparcamientos, lo que obligaba al Consistorio a expropiar dichos terrenos, hecho que no se produjo nunca.

Años después, la empresa quiso hacer valer su derecho de expropiación forzosa. Una resolución emitida el pasado mes de junio ya le dio la razón desestimando un recurso de casación interpuesto por el Consistorio contra la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia fechada el 5 de diciembre de 2011.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha intentado con varios recursos mitigar los efectos que la obligatoriedad de abonar esta cantidad puede tener en las cuentas, aunque sin éxito. Este último auto, definitivo, obliga a hacerla efectiva en cinco años.