El ayuntamiento de Bunyola deberá hacer frente al pago de 877.172,27 euros a destilerías Antonio Nadal S.A. en concepto de justiprecio por no haber expropiado unas parcelas situadas en la costa de l´Estació de Bunyola, junto a la antigua fábrica de licores de esta empresa en la localidad.

El conflicto arranca con el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de 1982, que calificaba las parcelas de suelo urbano destinado a aparcamientos, con la obligación para el consistorio de expropiar los terrenos, hecho que no se produjo.

Años después, la empresa quiso hacer valer su derecho de expropiación forzosa de las parcelas y, tras un largo proceso judicial, en una resolución del pasado mes de junio la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo le dio la razón desestimando el recurso de casación interpuesto por el consistorio contra la sentencia previa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears de 5 de diciembre de 2011, que había fijado el precio de la expropiación forzosa en 877.172,29 euros.

A esta cantidad se le deberán añadir los intereses, hecho que podría hacer llegar la cuantía final que deberá pagar el ayuntamiento al millón de euros.

En el último recurso, que ha sido desestimado en el auto del Tribunal Supremo, el consistorio insistió en el hecho de que se trata de tres parcelas con ficha catastral distinta, cuyo valor individual de cada una de ellas no es superior a los 600.000 euros, con lo que no superarían el límite de casación exigible. Las tres parcelas tienen una superficie de unos 889 m2, por lo que, según la sentencia, cada metro cuadrado tendría un coste de unos 1.120 euros. Si el consistorio llega a abonar la cantidad, las parcelas pasarán a ser municipales.

Ayer, en un pleno extraordinario, se aprobó un plan de pagos para poder hacer frente a la ejecución de la sentencia, que daba tres meses para abonar la cantidad. El plan se aprobó con los votos del equipo de gobierno (PP-AVI) y la abstención de la oposición (EOB y PSOE). "Lo que hemos hecho ha sido aprobar un plan para preparar una provisión de pagos a plazos", explicó el alcalde, Jaume Isern, que no dudó en afirmar que actualmente el consistorio no puede hacer frente al pago de esa cantidad, según se especifica en el informe económico elaborado por los servicios de tesorería.

El plan, redactado en base a la situación económica del ayuntamiento y de las liquidaciones de tesorería, propone el pago de 20.000 euros cada año, lo que supone más de 50 años para poder abonar la cantidad total de la sentencia. "El informe económico justifica que el ayuntamiento, en estos momentos, no puede pagar más", dice Isern, que recuerda que en los próximos años el consistorio también deberá hacer frente al crédito del plan de pagos a proveedores, y quiere hacerlo "sin eliminar servicios", afirma.

"Si nos dicen que debemos pagarlo todo, no sé qué haremos ni hasta dónde podremos pagar", se sincera Isern, que también pide responsabilidad a todos los partidos. "Esto no es un problema del actual equipo de gobierno -afirma el alcalde-. Por eso, lo que pido es responsabilidad en el sentido de que todos estamos un tiempo limitado en el consistorio, pero las decisiones que tomamos afectan años después a todos los ciudadanos".