Ante las contundentes interlocutoria y providencia notificadas anteayer por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que ordenan al ayuntamiento de Manacor reanudar las obras de demolición del controvertido Pont del Riuet de Porto Cristo, ayer las autoridades locales se reunieron de urgencia con los servicios jurídicos municipales, técnicos y responsables de las empresas adjudicatarias de las labores de desvío de los servicios que aloja el puente elevado estrenado en 2004. Tal y como se preveía, se acordó interponer recursos de súplica contra las nuevas resoluciones judiciales.

Los servicios jurídicos ya estudian otras medidas legales para salvar la infraestructura que costó más de un millón de euros al Ayuntamiento, Consell y Govern. Eso sí, se activa la maquinaria para proceder a la ejecución del proyecto de derribo (cuyo coste total asciende a unos 955.000 euros).

Llorenç Bosch (PP), concejal de Urbanismo y nuevo responsable político de la ejecución de la sentencia, en sustitución de Bernat Amer (AIPC), detalló que informes de las empresas contratadas así como de técnicos municipales y de la Policía Local determinarán al Consistorio cómo debe proceder. En este sentido, incluso no se descarta tener que cerrar al tránsito la zona afectada.

El equipo de gobierno PP-AIPC, dirigido por el alcalde, Antoni Pastor (PP), reconoce su "sorpresa" por la argumentación del TSJB, principalmente por sacar ahora a la palestra una norma preconstitucional referente al impacto visual. Los gobernantes manacorins mantienen que el puente obtuvo luz verde en dos ocasiones por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente.

PP-AIPC confiaba en que el caso llegara al Constitucional, pero al ver que la sala de lo Contencioso-Administrativo no valora la ley aprobada el pasado verano por el Parlament, llega a tacharla de "inconstitucional", insiste en pedir activa colaboración e implicación al Consell y Govern.

El hecho de que las nuevas resoluciones judiciales se hayan producido precisamente ahora, en junio, esplendor de la temporada turística, preocupa pues los servicios de aguas (potable y fecal), así como los servicios eléctricos y telefónicos funcionan a tope. La prohibición de ejecutar obras en verano también podría ser un intento para retrasar la demolición.