El anuncio inmobiliario es sugerente. Canta las excelencias de Can Corso (Andratx), una "antigua finca rústica mallorquina". "En primera línea" de la Tramuntana, las vistas son "espectaculares". Y cuenta con un chalé pendiente de finalización, con 160 metros cuadrados. Precio, 750.000 euros. Con todo, la inmobiliaria reconoce que hay un problema, puesto que se trata de una zona protegida paisajísticamente y esta edificación, por tanto, no se encuentra legalizada.
A los interesados, sin embargo, el anuncio les explica que existen posibilidades para sortear estas prescripciones legales. ¿Por ejemplo? "Acabar [la obra] directamente como chalé y, si hay denuncia, pagar una sanción, que puede ir del 100 al 200% del valor estimado de las obras (normalmente inferior al valor real)", se detalla en la oferta. Más opciones: "Legalizar[lo] como establo o nave agrícola y convertir[lo] en chalé".
Este auténtico manual de ilegalidades, que podía encontrarse ayer por la mañana en un conocido portal inmobiliario de la isla, ha suscitado la reacción del departamento de Territorio del Consell de Mallorca, que ha remitido un escrito a la empresa instándola a que retire esta oferta inmobiliaria.
La Conselleria recuerda que, al dar esta información para ayudar a sortear la normativa territorial, la compañía podría estar incurriendo en inducción al delito, lo que está tipificado en el Código Penal.
Objeto de litigio
El embrollo que rodea este anuncio inmobiliario no queda aquí, porque la finca en cuestión es objeto en la actualidad de actuaciones penales en una pieza del caso Andratx, por un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo.
Sobre esta propiedad pesa también un expediente de infracción urbanística abierto por la institución insular, cuya resolución está a expensas del proceso penal.
La consellera de Territorio, Maria Lluïsa Dubon, consideró ayer inadmisible que pueda haber anuncios inmobiliarios que expliquen "cómo cometer una ilegalidad, indicando fórmulas para eludir las normativas urbanísticas".
"Mientras haya gente que haga esto, nosotros podremos abrir expedientes, pero así no solucionaremos del todo el problema de la indisciplina urbanística. Hace falta un cambio de mentalidad", manifestó.
La consellera Dubon quiso aclarar también que, a diferencia de la información ofrecida por el portal inmobiliario, la persona que comete una irregularidad no se expone únicamente a una posible sanción económica. El pago de una multa, agrega, tampoco serviría para legalizar las obras.
Desde el Consell se recuerda que una de las consecuencias de la ilegalidad puede ser la demolición de la construcción, a través de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca.
Además, se da la circunstancia de que una de las opciones que da la oferta inmobiliaria para regularizar el chalé (legalizarlo como establo o nave agrícola) ha motivado ya alguna sentencia judicial. Como la que se dictó contra el exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, que fue condenado por la construcción de una casa ilegal en una caseta de aperos, en un terreno considerado área protegida.
