La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de las Balears (TSJB), no decidirá hasta entrado el mes de mayo si el puente elevado del Riuet de Porto Cristo debe o no ser derribado de manera definitiva. Todo ello transcurrido más de un año desde que se hiciera pública la sentencia que determinaba que era ilegal y después de nueve meses desde que el Parlament aprobara una nueva ley según la cual la obra podía ser amparada.

Precisamente es la resolución de este último incidente la que decantará la balanza hacia uno u otro lado. Tras superarse los periodos de alegaciones y pruebas, hace unos días se abrió el definitivo para presentar las conclusiones, trámite al que los servicios jurídicos del ayuntamiento de Manacor no han querido renunciar, y que alarga forzosamente el proceso hasta mayo, cuando se abre el plazo de decisión por parte de la sala del TSJB presidida por el juez Gabriel Fiol.

En teoría este último punto podría no haber sido necesario, ya que durante el lapso de tiempo transcurrido desde julio, Consistorio y vecinos han llegado a un acuerdo económico por el cual aceptan retirar la demanda para el derribo del puente a cambio de 473.000 euros, siempre y cuando la polémica infraestructura siga finalmente en pie.

Sin embargo y de forma paralela, técnicos del propio Ayuntamiento están estudiando solicitar al TSJB la apertura provisional del puente elevado durante el transcurso de la Semana Santa, y para no perjudicar los intereses comerciales de comerciantes, vecinos y sobre todo a los turistas que puedan llegar hasta Porto Cristo. Después, no habría en principio impedimento para que, si fuera necesario, se cerrara de nuevo al tránsito de peatones y vehículos, como viene sucediendo desde el pasado 15 de enero. Asimismo el TSJB obligó semanas más tarde a la paralización de toda obra alrededor del puente.