El juzgado de Primera Instancia número 6 de Inca, presidido por la jueza Catalina Martorell, celebró ayer la vista oral para determinar los lindes que delimitan la propiedad de la finca Es Verger respecto de la parcela del oratorio del Castell de Alaró. Las valoraciones de los testigos y las preguntas de los letrados de ambas partes prolongaron la sesión durante más de ocho horas, quedando aún pendientes las conclusiones finales para el 12 de junio.
La familia Ordinas demanda al Obispado de Mallorca al entender que esta institución ocupa y gestiona diversas dependencias de la montaña -los edificios de sa Taverneta y s’Obra Nova- que no les pertenecen. Durante la jornada de ayer, los abogados de la defensa -Juan Ramón Vivern, Lorena Oliver y Pedro Simonet- presentaron diversos testigos para probar que desde "tiempo inmemorial" los habitantes de Alaró han hecho uso de los terrenos ubicados en la cima del monte y que nunca se han producido conflictos de propiedad con los vecinos hasta estos últimos años, coincidiendo con la titularidad de Lorenzo Ordinas. Según los demandados, los terrenos que pertenecen a la parroquia tienen una superficie de unos 4.300 metros cuadrados.
Por su parte, el letrado de la familia demandante e hijo del actual propietario, Miguel Angel Ordinas, defendió que la parcela real de la iglesia se limita al oratorio y la antigua hospedería, y que si la gente ha podido disponer del resto de la finca ha sido gracias a la permisividad de su cliente y antepasados. La familia Ordinas aportó un informe encargado al aparejador Antonio Mora en el que cifra la superficie que corresponde a la Iglesia en 3.120 metros cuadrados.
La vista oral comenzó tomando declaración al alcalde de Alaró, Joan Simonet, al presidente de la Fundació Castell, Mateu Marcús, y al vicario episcopal de asuntos económicos, Joan Servera.
Los testigos
A continuación, las partes interrogaron al aparejador Xavier Ramis -actual senador socialista-, que en 1995 fue designado por un juez para dividir la finca de Es Verger en cuatro partes para su distribución como herencia a los hermanos Ordinas. Ramis declaró que el demandante le había indicado en aquel momento que de la superficie total de los terrenos, se debían excluir 4.298 metros cuadrados que eran de la parroquia y que no debían incluirse en el reparto.
La defensa aportó los testimonios de tres vecinos de avanzada edad para que narraran sus recuerdos del Castell: el antiguo párroco, Sebastià Jaume, el que fuera secretario municipal, Joan Pol, y el hijo del albañil que reformaba las instalaciones, Pedro Bennàssar.
