20 de octubre de 2016
20.10.2016
Corrupción en Cort

Varios funcionarios propusieron que se anulara el contrato de la ORA

Libertad: La Policía dejó ayer en libertad al exconcejal del Ayuntamiento de Palma, Gabriel Vallejo tras prestar declaración - Beneficio: El Ayuntamiento aprobó que la concesionaria obtuviera un beneficio industrial por encima del porcentaje que acepta la ley - Proyecto más caro: La Mesa de Contratación rechazó un proyecto más barato y con mejoras técnicas

21.10.2016 | 01:56
El fiscal Miguel Ángel Subirán, a su salida de Jefatura de Policía.

Las claves

  1. Declaración: El exconcejal de Movilitat quedó ayer en libertad
    El exconcejal de Movilitat, Gabriel Vallejo, detenido el pasado lunes, quedó ayer en libertad tras prestar declaración ante la Policía. El juez le ha citado para mañana.
     
  2. Ganancia: La empresa obtenía un beneficio industrial superior al autorizado
    La empresa que explota el servicio de ORA obtuvo un beneficio industrial muy por encima del que autoriza la ley cuando se trata de contratos con la administración. El precio del contrato era de 25,4 millones de euros.
     
  3. Policía: Continúan detenidas tres personas por este caso
    Tres personas seguían ayer detenidas por la Policía y hoy se espera que presten declaración ante el juez.

Varios funcionarios del Ayuntamiento de Palma propusieron que se declarara nulo el concurso por el que se concedió el servicio de ORA a una unión de tres empresas, que consiguieron este contrato público. Propusieron su anulación porque detectaron graves irregularidades, pero su propuesta cayó en saco roto, por cuanto recibieron órdenes políticas para que el contrato se ejecutara y se cumpliera la decisión que adoptó la Mesa de Contratación. Esta situación la han señalado varios de los trabajadores públicos que ya han prestado declaración ante el juez Penalva y el fiscal Subirán, que investigan el presunto amaño de esta contratación municipal.

Mientras tanto, durante la jornada de ayer la Policía continuó tomando declaración a las cuatro personas que seguían detenidas en relación a este nuevo caso de corrupción. Por la mañana se interrogó al exconcejal del área de Movilitat del Ayuntamiento de Palma, Gabriel Vallejo, en cuyo departamento se impulsó esta contratación con un presupuesto de 25,4 millones de euros. Vallejo, que había pasado las dos últimas noches encerrado en la celda policial, quedó en libertad con cargos tras prestar declaración. Mañana tendrá que declarar ante el juez Penalva y podrá explicarle cuál fue la gestión personal que tuvo durante el proceso de contratación de este servicio público.

Los investigadores están convencidos de que detrás de este contrato se pagaron comisiones económicas. Y sobre la mesa del despacho del juez, avalado con la declaración de testigos a los que se da total credibilidad, aparecen los nombres de dos políticos del PP sobre los que se sospecha que fueron los receptores de estas dádivas. Se trata de Álvaro Gijón y de José María Rodríguez. Ninguno de los dos ha sido detenido, ni está previsto que lo sean. Sin embargo, sí se prevé que ambos sean de nuevos citados a declarar.

Los investigadores han detectado numerosas irregularidades en la adjudicación de este contrato, que fue avalada por los funcionarios que formaban parte de la Mesa de Contratación. De todas las ofertas que se presentaron, el Ayuntamiento eligió la más cara, situación que ha llamado la atención de los investigadores. Pero además, analizando los diferentes proyectos se ha comprobado, no solo que exigían menos dinero, sino que se comprometían a realizar una mayor inversión económica. Por ejemplo, una de las empresas se comprometía a cambiar todos las máquinas expendedoras de tickets, mientras que el proyecto elegido únicamente ofrecía la compra de dos bicicletas eléctricas para los agentes de la ORA. Además, según se ha podido comprobar también, la aportación de estas bicicletas fue doblemente puntuada por los técnicos que estudiaron las ofertas presentadas.

Otro de los aspectos más sospechosos de este contrato se refiere al porcentaje de beneficio industrial que recibió la empresa contratada. Al tratarse de un contrato público, la ley limita dicho beneficio y establece que no puede superar el 12%. Sin embargo, en el contrato de la ORA de Palma la empresa contratada obtenía un beneficio de casi el 20 por ciento, sin olvidar, además, que el nivel de riesgo que asume es mínimo.

Por otra parte, el juez y el fiscal tomaron declaración ayer por la mañana a varios testigos, que aportaron más datos a esta nueva investigación.

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