Los vecinos de Son Armadans se oponen a la nueva ordenanza municipal para regular el botellón. A su juicio, legislar en torno a esta práctica del consumo de alcohol en la vía pública supone "aceptarla, reconocerla e institucionalizarla".
Previamente a la elaboración del borrador de esta ordenanza, la asociación de vecinos de Son Armadans ya anunció su intención de emprender medidas judiciales contra el Ayuntamiento de Palma. Los vecinos argumentaban entonces que el Consistorio habría incurrido en una "dejación de funciones" por permitir el botellón y no aplicar la legislación ya existente.
Después de conocer el borrador de la normativa por la convivencia, los vecinos de Son Armadans expresaron su malestar porque no prevé "la paralización inmediata de tan ilícita actividad". Esta medida no se contempla en el artículo 24, que regula la adopción de medidas cautelares.
"Resultados ilícitos"
A través de un comunicado, la asociación vecinal resaltó que su protesta contra el botellón no pretende conculcar el derecho de reunión sino "acabar con los resultados ilícitos que dicha concentración produce".
Los vecinos de Son Armadans insisten en que actualmente hay legislación suficiente en materia de "basuras, seguridad ciudadana, medio ambiente, derecho al descanso, circulación de vehículos a motor, consumo de drogas en vía pública, contaminación ambiental...". Estos hechos los atribuyen a la práctica del botellón.
Según el escrito de los vecinos de Son Armadans, elaborado por el abogado Victoriano Isasi, la normativa municipal se sustenta en la premisa de que "la norma es el ejercicio del botellón", Por el contrario, los vecinos señalan en su denuncia que la ordenanza considera "excepción" el señalamiento de lugares donde ejercerlo.
