25 de septiembre de 2016
25.09.2016
Editorial

La falta de acusación mantiene la sospecha

La decisión de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de no acusar al expresident Matas por los casos del palacete...

25.09.2016 | 02:51

La decisión de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de no acusar al expresident Matas por los casos del palacete de la calle San Felio de Palma y la Ópera que tenía intención de levantar en el Moll Vell de la ciudad, resulta, cuando menos, desconcertante. Es así incluso dando por buenos los criterios técnicos y jurídicos que se han esgrimido para fijar la posición que separa a Matas de cualquier inculpación.
Se ha llegado a un punto insólito en el que la falta de acusación en las piezas separadas de los casos señalados puede liberar de juicio al principal investigado en ellas, Jaume Matas, pero no despeja las sospechas ni los indicios de irregularidad que se hayan podido cometer. Es como si años de investigación policial o instrucción judicial hubieran pasado en balde. Mantener esta situación significa alimentar la sospecha, la falta de garantías sobre el buen uso de los fondos públicos y la desconfianza de la ciudadanía hacia sus dirigentes y la clase política en general.

El asunto de la procedencia de los fondos utilizados por Jaume Matas para comprar el piso de lujo y el método usado en la adjudicación de la maqueta y proyecto de la Ópera „1,5 millones, a los que el instructor Castro asigna réditos electorales„ no pueden ser enterrados en la opacidad o quedar como prebenda de libre disposición del jefe del Ejecutivo en un determinado momento de su conveniencia política. Si la fiscalía Anticorrupción, que todavía no se ha pronunciado, tampoco acusa, no quedará otro remedio que el de dictar el sobreseimiento de las causas. Es una disfunción que debe evitarse porque será cerrarlas en falso, sin haber aclarado, entre otras muchas cosas discutibles, la procedencia y uso final del dinero utilizado. Es la distancia que va entre la solvencia y la rectitud y la corrupción. Evidentemente, un recorrido en el que no pueden permanecer dudas.

Como bien señala la portavoz del Govern, Pilar Costa, parece que no se han calculado las repercusiones, no solo políticas y mediáticas, sino también sociales que tendría el archivo de los casos del palacete y la Ópera. Hay muchas cosas extrañas en las posiciones fijadas y en el modo de actuar de la Abogacía del Estado, como esa falta de comunicación con el Govern al que se debe, aunque no sea en forma jerárquica. Un Ejecutivo necesita estar informado de forma permanente de las decisiones y criterios que usa su principal órgano de asesoramiento y aval jurídico. Y con él deben estarlo los ciudadanos. Se ha actuado de una manera que, cuando menos, provoca irritación comprensible y desgastes innecesarios. Para empezar, bastaba con explicar y comunicar las cosas. De haberlo hecho, se hubiera amortiguado la bronca que existe ahora en el seno del Govern, y que se intenta maquillar, entre Més y PSOE, a cuenta de la posición fijada por la Abogacía de la Comunidad, un órgano que, por lo que respecta al palacete, viene a decir que no se puede actuar porque no resulta demostrable la procedencia ilícita del dinero. En cuanto al Palacio de Artes Escénicas, más conocido como Ópera de cúpula desplegable, se considera que los hechos no son constitutivos de delito.

Pero resulta que la instrucción ha documentado y razonado los indicios de irregularidad en ambos casos. Mientras, por el contrario, nadie, ni siquiera el propio Jaume Matas, ha explicado de forma convincente el modo de obrar empleado. Más bien todo lo contrario, se ha amparado en el silencio y en los recovecos que le ofrece el derecho a la defensa. Archivar lo que no está claro es faltar a un sentido común que no puede ser incompatible con el Derecho.

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