Con ocasión de la dimisión de Gallardón, que se retira a la Comisión Consultiva de la Comunidad de Madrid en la que percibirá un discreto salario de más de 8.000 euros al mes, muchos hemos caído en la cuenta de la existencia de tales instituciones, un invento subrepticio que teóricamente sirve para proporcionar asesoramiento a los gobiernos regionales pero que en realidad han puesto en pie todas las autonomías para conceder amable cobijo a todos sus expresidentes, evitando así, mediante la apelación al erario público, que caigan en la indigencia.
Según "el diario.es", que ha investigado el caso, las CCAA destinan 22 millones de euros anuales a los consejos consultivos. Madrid es la que más dinero se gasta en este organismo, con más de cuatro millones de euros, y Aragón, en el lado opuesto, apenas supera los 300.000 euros.
Éstas son las corruptelas que detesta la opinión pública y que generan indignación, desafección y rechazo. Porque, como escribió Montesquieu, "no son sólo los crímenes los que destruyen la virtud, sino también las negligencias, las faltas, una cierta tibieza en el amor de la patria, los ejemplos peligrosos, las simientes de corrupción; aquello que no vulnera las leyes pero las elude; lo que no las destruye pero las debilita".
