Tribuna

Aborto: emergencia social a la vista

07.07.2014 | 06:30
Aborto: emergencia social a la vista
Aborto: emergencia social a la vista

Nos encontramos en una situación de preemergencia social. El gobierno actual, de la mano del ministro de Justicia, señor Gallardón, lleva meses y meses intentando dar una patada a nuestros derechos sexuales y reproductivos, esos de los que gozan con normalidad las mujeres de nuestros países vecinos. Quiere Gallardón quitar la ley orgánica de reproducción sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que lleva vigente desde 2010 y que goza de un amplio apoyo entre la ciudadanía, como muestran las encuestas.

Pero Gallardón no está interesado en lo que dice la ciudadanía. Ni mucho menos. Él sólo tiene oídos para el sector más fundamentalista de la jerarquía eclesiástica y de la derecha más retrógrada. Si sale su propuesta de ley, las mujeres no podríamos decidir si llevar a término un embarazo o interrumpirlo mediante un aborto seguro y legal; sería delito. Sólo se permitirá en caso de violación previamente denunciada y si el feto sufre una anomalía incompatible con la vida y suponga un grave riesgo para la salud psíquica de la madre. Quiere decir: si el feto sufre anomalías graves pero puede sobrevivir, las mujeres deberán parir por decreto ley justo cuando se están recortando de forma brutal las ayudas a la ley de dependencia, de acceso a la sanidad y medicamentos, por no seguir con otros aspectos que igualmente nos afectan gravemente. Además, obliga a la embarazada a recabar el permiso de dos médicos distintos y a guardar un periodo de reflexión de siete días antes de que le practiquen ese aborto, lo que en la práctica complica y alarga todo el proceso y mantiene a las mujeres en una situación de estrés y sufrimiento.

Debemos de tener claro que, en caso de que no podamos parar esta ley, nos llevará a una emergencia social de primer orden. Las cifras oficiales del número de abortos realizados en Balears cada año rondan los 3.000 (3.571 en 2011 y 3.065 en 2012), de los cuales, la inmensa mayoría señalan causas socioeconómicas para llevarlo a cabo. Al no ser contemplada como supuesto legal para abortar, las mujeres con posibilidades económicas tendrán que viajar a nuestros países vecinos para abortar, o someterse a abortos inseguros y clandestinos aquellas en situación de precariedad económica, un enorme porcentaje de la población en la situación actual. En ambos casos supondrá un alto desembolso económico.

Pero, ¡qué le importa al ministro esta emergencia! Lo importante es tener contenta a la extrema derecha. La última ocurrencia ha sido impulsar en el Congreso de los Diputados el 3 y 4 de Julio una reunión  de parlamentarios de derecha denominada "Seminario internacional por el derecho a la vida".  Pretenden aprobar  la "declaración de Madrid", un alegato contra los derechos de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Felizmente, grupos parlamentarios progresistas han organizado para esos mismos días, y en el mismo Congreso de Diputados, un encuentro de "parlamentarios y sociedad civil por el derecho a un aborto legal, seguro y accesible".

El próximo miércoles 9 de julio, los grupos parlamentarios de nuestro Parlament nos recibirán en su sede para explicarnos qué medidas y presiones ejercerán para proteger nuestros derechos y evitar la emergencia social que supondrá tener cada año a 3.000 mujeres intentando abortar como puedan.

El movimiento feminista seguirá denunciando una ley especialmente injusta y despreciativa de los derechos y dignidad de las ciudadanas ya que:
1.- No expresa la voluntad popular, pues el 86% de la población desea que cada embarazada decida.
2.- Contrapone la voluntad del Gobierno a tratados y recomendaciones internacionales.
3.- Tergiversa la sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional, que afirmó que el nasciturus es un bien jurídico protegido, pero no, como la embarazada, "persona" sujeto del derecho a la vida, a la dignidad y a la autodeterminación, y declaró constitucional la despenalización.
4.- Incumple la convención CEDAW, cuya recomendación general 24, artículo 31.c) insta a los estados a "abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos".
5.- Contradice la resolución 1607 "Acceso a un aborto sin riesgo y legal en Europa" de la asamblea del consejo de Europa y las leyes de plazos de 21 de los 28 estados de la Unión Europea.
6.- Considera a la mujer como inimputable, pero arriesga su salud al castigar al personal sanitario.
7.- Judicializa la decisión de las menores farragosamente y contra las normas generales del derecho.
8.- Contradice el programa de acción 1994-2014 de la conferencia sobre población y desarrollo de El Cairo, al supeditar el derecho de las mujeres a decidir a la voluntad de aumentar la tasa de natalidad.

* Integrante de Associació de Dones d´Illes Balears per la Salut (ADIBS)

¡Síguenos en las redes!

 
Enlaces recomendados: Premios Cine