La declaración de la Infanta ante el juez Castro corona la larga instrucción del caso Urdangarin, la pieza separada del caso Palma Arena. Es previsible que el fiscal y el abogado del Estado soliciten el sobreseimiento de la imputación de doña Cristina, y que se aplique la "doctrina Botín", que, como es sabido (sentencia 1045/07, dictada por la sala de lo penal del Tribunal Supremo), confirmó la decisión de limitar la acción de la acusación popular tomada por la Audiencia Nacional estableciendo que "no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien ministerio fiscal, bien la acusación particular", atendiendo al artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El concepto de acusación particular se entiende como parte perjudicada por el delito. Claro que siempre planeará la "doctrina Atutxa", mediante la cual el expresidente del Parlamento vasco fue condenado a instancias de la acusación popular.

De otra parte, la fiscalía anticorrupción ha filtrado su disposición a entablar una negociación con Iñaki Urdangarin y con su socio, Diego Torres. En el escrito de acusación, ya muy avanzado, el fiscal Horrach pedirá hasta 19 años para Urdangarin y 15 para Torres, pero podría llegarse a un arreglo que, básicamente, consistiría en la aceptación de una pena de cuatro años, con la consiguiente entrada en prisión. Para Jaume Matas, el fiscal pedirá cinco años de prisión por haber abonado casi 2,5 millones de euros sin concurso ni control.

La deposición de la Infanta ha servido evidentemente para impulsar el principio de igualdad de todos ante la ley, que se hubiera quebrantado ostensiblemente si, como quería el fiscal „convertido en pintoresco abogado defensor„ se le hubiese evitado a doña Cristina el mal trago. La opinión pública no cree en la inocencia de la Infanta, una mujer moderna y profesional que tuvo por fuerza que saber de dónde provenía el dinero que su esposo llevaba al domicilio conyugal, pero es improbable que la institución monárquica se resienta de esta exoneración si, a cambio, Urdangarin paga por lo que ha hecho con la dureza que reclama la gravedad de los delitos.

La preceptiva condena, que confirmará el apartamiento de la pareja Cristina-Iñaki del ámbito público de la Corona, cerrará el caso con cierta ejemplaridad, aun sin necesidad del ensañamiento que supondría privar a los cónyuges del título nobiliario que utilizan. Y la Corona, liberada de esta pesada carga, podrá, entonces sí, comenzar la tarea de su propia rehabilitación, que se producirá completamente, si no se cometen nuevos errores, cuando tenga lugar el hecho sucesorio.

Don Felipe de Borbón, un auténtico profesional sin las pretensiones carismáticas de su progenitor, deberá institucionalizar la jefatura del Estado, haciéndola discreta y funcional, como sugería recientemente Santos Juliá en su comentado artículo "La erosión de la monarquía". En el bien entendido de que no debería demorarse esta sucesión en cuanto se cierre el escándalo Urdangarin. Porque, aunque „como dice Juliá„ "el rey es dueño de su propia muerte", "a poco que mire más allá, comprenderá lo beneficios que para la institución, y de rechazo para la democracia, se derivarían de la transmisión en vida de la Corona. El más notorio, el que puede ser principio de una recuperación de confianza si bajo un nuevo titular la monarquía emprende a fondo la tarea de su propia democratización interna, que consiste en desvincular la institución de su propia persona". Éste es el camino.