La polémica judicial sobre la competencia, que ha obligado a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a intervenir para dejar el caso Bárcenas al juez Ruz y arrebatárselo a Gómez Bermúdez, está extendiendo una cortina de humo que genera confusión e impide ver que, en realidad, el Partido Popular tiene dos problemas judiciales convergentes, ambos de extrema gravedad, que lo colocan en una situación muy delicada.

De un lado, está Gürtel, una compleja trama encabezada por Francisco Correa, con extensiones en Madrid, Valencia, Galicia y Castilla-León especialmente, que corrompió a numerosos cargos populares de los niveles autonómico y local „hay sospechas todavía no contrastadas de que también hubo comisiones en el ámbito estatal„. Dicha red consiguió grandes beneficios al amparo de la burbuja inmobiliaria, que facilitó las corruptelas, y las investigaciones judiciales, después de diversas vicisitudes que incluyeron un inexplicable archivo del caso (por el juez Pedreira), después reabierto, están actualmente en el juzgado número 3, que ocupa interinamente el juez Ruz.

De otro lado „y éste es el asunto capital que afecta al PP„ está la sospecha de una financiación irregular del partido Popular que arrancaría de muy antiguo, y cuya principal evidencia fue la publicación de los "papeles de Bárcenas". Izquierda Unida, en funciones de oposición al partido gubernamental, presentó denuncia por la presunta existencia de donaciones de fuertes sumas al PP por empresas adjudicatarias de diversas concesiones públicas, según parece desprenderse de la supuesta "contabilidad B" del partido, de puño y letra del extesorero Bárcenas. Dicha denuncia correspondió por sorteo al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Gómez Bermúdez.

Había, en fin, dos visiones de la situación del PP: Ruz, tras encontrar conexidades entre el caso Gürtel y los "papeles de Bárcenas", ha considerado este caso una pieza separada de aquél, de forma que su investigación se centra en la corrupción. Gomez Bermúdez, desposeído ahora de la instrucción, la planteó como un supuesto de financiación irregular de un partido político, de forma que Gürtel no era más que un episodio de aquel hipotético delito continuado. El hecho de que ya estén imputados los tres tesoreros sucesivos del PP desde que abandonó el cargo Naseiro (quien se liberó de una condena por defectos formales), Sanchís, Lapuerta y el propio Bárcenas, parece avalar los argumentos de quienes piensan que el fondo del asunto es esa financiación irregular sistemática, que se habría vinculado a casos concretos de corrupción y quién sabe si a sobresueldos irregulares, que todavía no se han demostrado pero tampoco han quedado desmentidos en vía judicial.

El tribunal que ha apartado a Bermúdez tiene mayoría conservadora „Alfonso Guevara lo preside„ y esa decisión ha contado con el voto particular de uno de los tres jueces, Clara Bayarri. La politización es innegable, puesto que la fiscalía ha apostado con dureza por apoyar la instrucción a cargo de Ruz y el PP no ha ocultado tampoco su escasa sintonía con Bermúdez, quien sin embargo proviene de la Asociación Profesional de la Magistratura. Sin embargo, aunque el planteamiento de Bermúdez era más claro y directo, y de hecho ya había imputado a los empresarios mencionados en la contabilidad de Bárcenas, el de Ruz, aunque más incierto porque el propio juez tiene fecha de caducidad en la Audiencia Nacional, no podrá resultar inocuo ya que los hechos son los hechos y una vez judicializado el asunto su desenlace se vuelve imprevisible hasta para quienes creen que su poder llega hasta mediatizar de algún modo a los tribunales. El PP deberá disponerse, pues, a afrontar el mal trago y a dar muchas explicaciones.

* Twitter: @Apapell