Entre los acontecimientos públicos más recientes, distintos entre sí, dos han sido los más sonados: el primero, el confuso rescate español (para un neófito) que no acaba de clarificar si se trata de un puro rescate financiero de entidades bancarias en bancarrota, principalmente Bankia, o si éste queda vinculado y de alguna forma contaminado con el aval de la deuda soberana española; resultando finalmente que la desastrosa actuación profesional de los gestores y consejeros (premiados con doradas jubilaciones; consentidos por el órgano de control, Banco de España, incapaz de ejercer su deber de vigilancia) de esas entidades privadas socaven la deuda soberana y el bolsillo de todos los españoles.
Enredo máximo si atendemos a dos circunstancias, que la organización rescatadora no es la Unión Europea sino la unión económica y monetaria de la UE constituida tan sólo por diecisiete de los veintisiete estados miembros de la UE (bloque de la eurozona) y que ésta actúa en sintonía con el FMI (totalmente ajeno a la UEM y a UE) por ser la única organización internacional con músculo financiero suficiente, una liquidez que proviene de los países emergentes asiáticos y sudamericanos, y capacidad de auxiliar a los países periféricos de la UEM carentes de crédito en los mercados financieros pese a su pertenencia al Banco Central Europeo. Naturalmente a cambio de generosos réditos, inversiones en sectores estratégicos y acceso tecnológico.
Episodios harto complicados que tienen su origen en la banca especulativa de Nueva York (explicado en precedente artículo "Una década sin nombre", Diario de Mallorca, 20-02-2012) aunque con presencia global e infiltración europea (véase el magnífico artículo de Xavier Vidal-Folch, "Las zorras en el gallinero", El País, 24-05-2012) articulándose incluso a través de las más altas instituciones gubernamentales y supranacionales. Sólo así se entiende la pasmosa inactividad de los poderes públicos, hasta ahora, ante la mirada atónita de la ciudadanía española y europea.
Al hilo de todo ello, otro ejemplo de abuso de poder es el insólito espectáculo de las semanas caribeñas del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ a costa del erario público, en momentos de imprescindible austeridad, convertido en un auténtico esperpento digno de Valle Inclán, y que ha desembocado en dimisión tras el importante descrédito personal que arrastró gran daño corporativo en un órgano además particularmente opaco.
El caso Dívar no se puede reducir al resultado final de su dimisión, a la luz de lo acontecido. No puede finalizar simplemente con un adiós Lucas, olvidando su encarnación en el sistema constitucional y judicial, donde deben prevalecer sus valores y principios, sus deberes y obligaciones, las garantías en un Estado de derecho que ampare a la ciudadanía y que exige la apariencia debida en todos aquellos que asuman el ejercicio del poder público, cuya cúspide ocupaba.
Ante el correlato de la denuncia del vocal del CGPJ, catedrático de Derecho penal, a la fiscalía general del Estado por indicios en la comisión de delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, archivada sin la menor investigación en menos de 24 horas, la querella criminal, estafa de funcionario público o malversación, interpuesta por una acción popular rechazada por la mayoría del pleno de la sala segunda del Tribunal Supremo, pero con la importante minoría de cuatro votos particulares partidaria de su admisión (por inaplicar el reciente criterio establecido por la misma sala en los procesos Garzón que sólo exige la descripción de una conducta que reuniese visos de delito sin necesidad de demostrar su existencia) o la denuncia —en trámite— de otra asociación de juristas ante el Tribunal de Cuentas por los gastos ocasionados al caudal público en actividades privadas de turismo y relax, debemos concluir que todo ello no es moco de pavo. Que huele mal. ¿Qué diría un jurado popular, de honestos e imparciales ciudadanos antes tales hechos?
Volvemos al debate legislativo competencias del tribunal del jurado vs. responsabilidad de jueces ante los propios jueces. Al puro corporativismo. A la casta judicial.
Y si añadimos a todo esto el sistema cerrado de cuotas, el cambio de cromos o banderías de aparatos, las intrigas, la nula transparencia, comprobaremos el porqué el cargo se aupó al sitial. Tal y como.
