Preocupantes datos los que van apareciendo sobre una administración justicia, que en los últimos tiempos, ha pasado a ser, protagonista del devenir político de nuestra comunidad. La pasada semana leíamos los asuntos pendientes en los dos juzgados de lo mercantil existentes, y que alcanzan aproximadamente unos dos mil entre ambos siendo el nivel de resolución de los mismos del orden de unos 490 asuntos anuales, más o menos.
Colectivos como empresas, trabajadores, etc. se quejan y contemplan como el retraso, o mejor dicho el atasco, de juzgados de lo mercantil o el volumen de trabajo de los juzgados de 1ª instancia, afectan a algo más que al propio funcionamiento judicial.
Y es que en el estado actual en que se hallan los juzgados y tribunales de esta comunidad, poco más se puede esperar en su actuación, salvo la dedicación y voluntarismo de sus integrantes, pero todos sabemos que esta no es la solución. Deambulando por los diversos juzgados encontramos que el Estado para acallar voces se dedicó a crear anualmente un juzgado de 1ª instancia, que al momento de crearse, casi al principio ya se saturaba de asuntos.
Para entender la situación, lo mejor un ejemplo: abra usted una tienda y con la inversión que usted hace, debido a la situación actual de la economía, probablemente empiece a acumular impagados; con la ayuda de los juzgados, o mejor dicho, con la falta de inversión de las administraciones públicas y sus lamentables consecuencias, puede usted cerrar al año y sin haber resuelto sus problemas. Porque si suma los plazos del pleito a los plazos de ejecución, se le pueden hacer eternos y costosos.
Esta no es la solución, está claro que estas no son las condiciones idóneas para que la economía crezca y se genere empleo y riqueza, como propagan nuestros gobernantes. Hay que dirigir la inversión hacia las partes esenciales en el funcionamiento del todo y no limitarlo, resumirlo todo en subvenciones o en dilapidar dinero público en proyectos y caprichos, que aunque aparentes, no producen ningún beneficio a la sociedad.
¿Qué imagen podemos dar a los inversores en esta comunidad cuando la respuesta que se puede dar desde la justicia es tan limitada? Puestos a hablar de funcionamiento se podrían mencionar tantos ejemplos de los que solo se habla cuando alguien de cierta posición resulta directamente afectado. Véanse las críticas recibidas ante el retraso de ciertos juzgados en causas complejas y que por su repercusión hacen que estén en la diana de la crítica quienes están dedicados a ella, sufriendo al mismo tiempo, las grandes deficiencias del sistema.
Esos déficits ya existían antes pero los padecían, y los siguen padeciendo, otros protagonistas, que protestaban menos ya que su posición y sus medios no les permitían otra cosa que esperar. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué? Los ahora enjuiciados se quejan de un funcionamiento que cuando ellos pudieron resolver, lo que hicieron fue mirar hacia otro lado, intentando colar mega proyectos faraónicos, fantásticos y costosísimos, en lugar de resolver el día a día de la vida del conjunto de la sociedad, que al final es quien procura los medios, que son escasos.
Cuál es el interés en mantener una administración en semejante estado cuando su máxima función es ser garante de los derechos de los ciudadanos, resolviendo las controversias planteadas entre los mismos.
Han aparecido ya voces que hablan de inversión en justicia acorde con los ingresos que procura a través de sus cuentas de consignaciones y los ingresos que posteriormente estas generan al Tesoro, para desarrollar un servicio a la altura de otras administraciones como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. Ahora en que toda la política va dirigida a la gestión, a la austeridad en el gasto y a la inversión productiva, debemos romper el tópico de que la inversión en Justicia únicamente es gasto, no es así. Es una inversión a futuro, es una inversión en la confianza en una sociedad capaz de dar resolución y agilidad a los problemas sociales planteados, o al menos a una gran parte de ellos con una importantísima repercusión económica, en inversiones y derechos tanto de empresas como de trabajadores.
Las distintas administraciones están en la obligación de promover acuerdos que procuren el desarrollo de la justicia en nuestra comunidad, y no sustraerse a la excusa de la falta de acuerdo en la transferencia, porque así van pasando los años, la situación empeora y nadie se responsabiliza de la inversión, hasta el punto de que el que tiene la competencia, el gobierno central, no invierte en las infraestructuras necesarias para que, una comunidad tan importante económicamente en el conjunto del Estado, no reciba inversiones proporcionales a los ingresos que procura. Esa es una clara responsabilidad que el gobierno central ha dejado en el más completo abandono.
Es hora de que los ciudadanos tomen conciencia de que la administración de justicia es algo más que el castigo a los delincuentes y entienda que también comprende la solución de problemas planteados en la vida cotidiana, en relación con las viviendas, reclamación de cantidades, cuestiones de derecho de familia, reclamaciones judiciales entre las empresas y en resolución de las demandas de los trabajadores en defensa de sus derechos, así como las decisiones a las acciones planteadas por los ciudadanos ante los atropellos de las propias administraciones públicas.
No puede proseguir una situación de casi abandono de una administración por parte de quien mantiene la competencia con la excusa de una negociación de transferencia que, en la situación en que se halla, no se va a producir. Sencillamente porque quien la mantiene tiene que proseguir las reformas y las inversiones para la mejora de infraestructuras, sin que quepa excusa alguna.
No podemos pasear por España viendo como algunas comunidades mantienen infraestructuras suficientes para poder procurar un servicio de calidad, mientras que otras rozan la precariedad más absoluta. ¿Van a permitir nuestros gobernantes la existencia de distintas justicias en nuestro país?
