La crisis ha elevado el déficit de las autonomías hasta superar el 3% del PIB, más de 30.000 millones de euros, y es preciso devolverlo a los límites autorizados, al 1,3% del PIB, unos 14.000 millones, para que el Estado español pueda cumplir sus compromisos de reducción del déficit, hasta el 6% este año (ya nadie cree que se conseguirá el portento), el 4,4% en 2012 y el 3% en 2013, ya dentro de los márgenes del pacto de estabilidad.

Todo ello ha forzado una serie de recortes brutales, tanto en las comunidades autónomas que acaban de cambiar de manos cuanto en las demás. Cataluña está desarrollando un plan de austeridad que alcanza prácticamente todos sectores de su competencia y que incluye, por ejemplo, recortes salariales a los médicos; con ello se pretende reducir una disparatada deuda que alcanzaba en junio el 19,2% de su PIB regional. En Balears, donde la deuda en junio era ya del 16,9% del PIB autonómico, el nuevo presidente, Bauzá, ha impulsado, por ejemplo, la desaparición de 92 empresas públicas. En Castilla-La Mancha, la deuda era del 17,2% y Cospedal ha anunciado ya un drástico recorte de 1.815 millones de euros. En Valencia, donde el PP sesteaba acuciado por otros problemas, la deuda era en junio del 19,9% del PIB y el nuevo presidente, Fabra, está planeando un rápido retorno a la prosa de la realidad, con medidas que incluyen el recorte del 10% del salario a todos sus funcionarios… Todo ello con la particularidad de que la capacidad de endeudamiento de las CCAA es prácticamente nula, una vez que su solvencia ha quedado por los suelos.

Se da el caso de que las comunidades autónomas gestionan la mayor parte del estado de bienestar, y en concreto los grandes servicios públicos, sanidad y educación. Por lo que, en principio, y de forma más o menos explícita, sus gestores habían marcado unas líneas rojas a los recortes que no deberían traspasarse para no afectar a la calidad de vida de los ciudadanos. En el espacio intocable delimitado por tales límites estarían íntegras la educación y la sanidad… Sin embargo, en la práctica, es imposible que los planes de austeridad necesarios dejan al margen ambos servicios públicos que representan aproximadamente el 80% del presupuesto de las comunidades autónomas.

Así las cosas, lo que debe hacerse es afrontar con realismo una reforma estructural de tales servicios, de manera que se consigan ahorros sistemáticos y permanentes mediante una mejor organización, sin que sufra sensiblemente la calidad. Un ejemplo de lo que quiere decirse es el de la educación universitaria: al calor de la expansión económica, hoy hay en España 74 universidades, no hay ninguna comunidad autónoma que no tenga al menos una universidad y la lista la encabeza Madrid, que tiene 15. ¿Es esto sostenible? ¿No sería más razonable concentrar este barullo, al menos en lo tocante a las universidades públicas, crear centros de excelencia, salir del escandaloso marasmo actual que nos condena a que ninguna de nuestras universidades esté entre las cien mejores del mundo en todos los rankings oficiales?

La conclusión de todo esto es obvia: no basta con recortar con la esperanza (vana) de que mañana vuelva a haber recursos de sobra: hay que reestructurar, en la seguridad de que nada en el futuro será como antes.