La reforma constitucional

Al igual que casi todos mis compañeros de hemiciclo, tuve constancia de la inminente reforma cuando escuchaba al presidente explicar el contenido del decreto-ley que íbamos a aprobar ese día. Al principio pensé que se trataba de imponer el techo de gasto a las CC AA que tanto habíamos discutido a lo largo de la legislatura. Pero pronto comprendimos que el asunto era de mayor envergadura e implicaba a las cuentas de la administración general del Estado.

Mi reacción en las primeras horas y los días siguientes fue la de solicitar, al igual que otros compañeros de partido y/o escaño, la reunión de los órganos federales del PSOE y del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) para poder debatir algo de semejante calado. Finalmente, tras reunirse la ejecutiva federal y Alfredo Pérez Rubalcaba con los secretarios generales regionales, fuimos convocados a una reunión del GPS el lunes 29 de agosto a las 20 horas.

Después de cuatro horas y media de intervenciones, explicaciones, lamentos, alabanzas y manifestaciones de todo tipo, hubo un consenso generalizado sobre la procedencia de la reforma, sin perjuicio de que ante una cuestión complicada como ésta, con tantas aristas y particularidades, las adhesiones (incluida la mía) nunca pueden ser entusiastas, sino prudentes. Pero sí certifico la determinación de quienes allí estábamos en que si esta era la decisión que adoptábamos, teníamos que continuar con todas nuestras fuerzas.

Respecto al contenido de la reforma, es necesario precisar que introduce el concepto de estabilidad presupuestaria en nuestra Carta Magna. Se equivocan quienes piensan que hemos implantado el dogma del déficit cero, como pretendía el Partido Popular inicialmente. Hemos constitucionalizado el contenido existente en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, desde su reforma en 2006.

Ello supone que, a partir de 2020 (cuando se deberán devolver gran parte de los créditos contraídos), las cuentas del Estado podrán incurrir en un déficit del 0,40 del PIB únicamente. Es decir, que en circunstancias económicas normales el gasto público podrá exceder el volumen de ingresos en esa cifra, tal y como ya prácticamente dispone la norma de 2006. Sin embargo, la propia reforma señala que en caso de recesión económica, catástrofes naturales y situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen la sostenibilidad económica o social, se podrá sobrepasar sin límite alguno la cifra señalada. Será una ley orgánica la que contenga la cifra porcentual aludida y no la propia Constitución.

En consecuencia, no se impide al Estado llevar a cabo políticas de endeudamiento e inversión pública que garanticen las prestaciones sociales en circunstancias económicas adversas, como muchos pensaban.

Otros se preguntan acertadamente que si ya existía una ley que contiene estos preceptos, por qué es necesario reformar la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico tan apresuradamente. Debemos remontarnos a los primeros días del mes de agosto. La prima de riesgo de la deuda española se situó en más de 400 puntos y el Banco Central Europeo tuvo que comprar bonos españoles e italianos para atajar una situación insostenible financieramente. Pero no fue gratis. La advertencia del Presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, fue que si no se adoptaban medidas urgentes consistentes en cambios normativos significativos o recortes estructurales, no volvería a comprar deuda de los dos países. Ante la posibilidad de un rescate y sus monstruosas consecuencias, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero tomó esta decisión.

Para hacernos una idea de la sangría que supone el incremento de la prima de riesgo, es necesario conocer que España pagó en 2010, 26.800 millones de euros en concepto de intereses de la deuda. El presupuesto para el mismo ejercicio del ministerio de Fomento, por ejemplo, es de 22.000 millones. Cada vez que la prima de riesgo se incrementa, el grosor de esos intereses lo hace porcentualmente. Es algo absolutamente inadmisible, que atenta, esto sí, contra los principios económicos y sociales del país al bloquear esas cantidades de dinero que comprometen a generaciones futuras.

En esta coyuntura de escepticismo financiero y el propio incumplimiento de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en ejercicios anteriores ha propiciado que se haya elevado el nivel de garantía de cumplimiento hasta el máximo posible. De ahí la consideración de introducir el principio en la Constitución y hacerlo por la vía urgente con el objeto de otorgar estabilidad inmediata.

Naturalmente, esto pone de manifiesto la vulnerabilidad de los estados ante el sistema financiero. La arbitrariedad e injusticia de sus exigencias. Pero para introducir los cambios necesarios en el sistema se necesitarán unos años, dado el color político del Parlamento europeo actual y la todavía lejana celebración de comicios europeos. Sin embargo, los mercados actúan en cuestión de semanas, días, horas. Y sus consecuencias las sufrimos todos de manera inmediata.

Por último, la celebración de un referéndum es contradictoria con los motivos de premura expuestos para la reforma. Si con ella pretendemos conseguir seguridad con la máxima celeridad, que otorgue una estabilidad y credibilidad en la solvencia española, no podemos dejar en suspenso después ese acuerdo por espacio de unos meses. Menos teniendo en cuenta la citada hiperactividad de los mercados financieros y los efectos mencionados a muy corto plazo. En consecuencia, aún comprendiendo los anhelos de quienes lo solicitan, no sería coherente con nuestra difícil decisión apoyar su celebración.

Es posible que esta explicación no convenza a algunos. Que a otros los irrite aún más incluso. Pero estos son los argumentos por los que mi partido, los parlamentarios socialistas, hemos decidido apoyar la propuesta del presidente de España. Hay cosas que como Bartleby, el escribiente de Melville, uno preferiría no hacer, pero cuando se tiene la responsabilidad de gobernar un país e impedir su rescate, las decisiones no siempre son tan sencillas.