Dolores de Cospedal, presidenta de la comunicad castellano-manchega y secretaria general del PP, ha abierto brecha en el camino de los ajustes autonómicos del Partido Popular. Si Cataluña, que celebró elecciones con anterioridad para entregar el gobierno a CiU, ya realizó un recorte presupuestario del 10% en las cuentas de la Generalitat, Cospedal ha tenido que aplicar una cirugía todavía mayor: en lo que queda de año y en 2012, el recorte será del 20%, y alcanzará los 1.815 millones de euros.

El anuncio de Cospedal, perfectamente documentado y detallado, no ha sorprendido a nadie ya que es ulterior a demoledoras declaraciones sobre la situación de las arcas públicas de la región tras la marcha de Barreda. El nuevo equipo ha calculado el déficit público en más del 6% del PIB –el más alto de todas las autonomías– y el conflicto de las farmacias ilustra claramente sobre la angustiosa falta de recursos para cubrir incluso las necesidades más perentorias. Pero ahora, el detalle de los recortes que van a realizarse produce asombro y perplejidad: ¿cómo es posible que las cinco provincias, con una población de unos dos millones de ciudadanos, tuvieran que sostener unos 2.500 vehículos oficiales, con sus correspondientes chóferes? ¿Cómo interpretar que los sindicatos tuvieran en la región 500 "liberados" más de los 300 a que legalmente podían aspirar? Es conocido que quien llega a una institución tiene tendencia a exagerar los déficit de su predecesor, sobre todo si es de diferente partido, y viceversa, pero en este caso, Barreda tendrá que dar muchas explicaciones para que su herencia resulte inteligible.

Tiempo habrá de ponderar los variados elementos del ajuste, que habrá de plasmarse en los presupuestos regionales del año próximo. De momento, interesa analizar conceptualmente la medida y su alcance en lo que se refiere a su repercusión en la ciudadanía. Cospedal ha insistido en que el recorte, que no comportará aumentos de impuestos, no afectará a la calidad de los servicios públicos que gestiona la comunidad, especialmente sanidad y educación, salvo en lo tocante a la mayor presión sobre los funcionarios, que tendrán que trabajar más sin compensación alguna. En primera instancia, parece difícil que Castilla-La Mancha pueda lograr este portento con un recorte del 20%, por grande que fuese el despilfarro, cuando Cataluña, con un recorte presupuestario del 10%, ha tenido que pulir algunas aristas de los servicios públicos de sanidad y educación.

El ajuste impulsado por Cospedal, en un acto claramente pedagógico que hace escuela, elogiado asimismo por la vicepresidenta económica, permitirá a Castilla-La Mancha acceder a algunas líneas de crédito a largo plazo, pero a pesar de ello es claro que, a corto plazo, tendrá un efecto contractivo de la actividad económica. La caída prácticamente total de la inversión y la eliminación directa de puestos de trabajo públicos no va precisamente en el sentido de la reducción del desempleo. Pero este problema no alcanza sólo a las comunidades autónomas: está en la naturaleza misma de la recesión de la que estamos saliendo: antes de poder aplicar estímulos fiscales, tendremos que estabilizar la economía. Entonces será el momento de considerar si, para prestar los servicios que exige la ciudadanía, es o no necesario revisar al alza la presión fiscal.