Un día largo de registros en media docena de sedes empresariales o relacionadas con la administración pública de Mallorca y Madrid y por lo menos dos jornadas de interrogatorios policiales a la cúpula del Institut Balear de Turismo del periodo 2003-2007, durante el primer Govern Matas, dan cuenta de la complejidad y de la dimensión de la Operación Pasarela. Mucho más si tenemos en cuenta que las pesquisas arrancan de actuaciones judiciales que se han dilatado durante año y medio.

Hasta once personas han llegado a pasar, algunas de ellas en calidad de detenidos, por la Comisaría de Palma y en algunos casos es una comparecencia reincidente, porque parte de los afectados ya se vieron implicados en la operación Scala. Ayer se seguía interrogando a los dos socios del Grupo Clave y a los directores del Ibatur de la primera época Matas, Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern a quienes, según todos los indicios, se les ha estado pidiendo explicaciones sobre el modo de actuar y sobre todo de administrar y contabilizar las cosas en la sede del órgano encargado, por lo menos en términos oficiales, de promocionar en el exterior el cartel turístico de Balears. Pero la realidad parece ser claramente distinta, porque se incide en la convicción, cada día más contrastada, de que el Ibatur era un entramado de operaciones opacas en busca de rentabilidad política y beneficio económico particular.

Sabemos, en términos generales, que estamos ante una red consistente de presuntos delitos que pueden generalizarse bajo la denominación de malversación de caudales y fraude manifiesto a la administración pública. Pero ¿qué ha pasado? ¿cómo se estaba actuando en el Ibatur? Algo se va conociendo. Por lo menos cinco empleados han admitido que amañaron contratos por orden de sus superiores de la consellería de Turismo y los antiguos responsables del Ibatur ya no amagan que se favorecía claramente al grupo empresarial Clave. Sin embargo, la clave real del asunto parece estar en otros detalles y más en concreto en las copias de las facturas que se iban extendiendo. Una era la oficial, otra, la copia, el documento usado para despistar y para desviar fondos hacia donde se consideraba oportuno o convenía. Y así van fluyendo toda una serie de trucos que servían de instrumento para canalizar el dinero negro.

Quedan todavía situaciones por clarificar y decisiones policiales y judiciales determinantes por adoptar, pero ya se van produciendo y conociendo reacciones. Algunas llamativas. El president Antich pide prudencia y cautela. ¿A estas alturas? ¿prudencia o claridad y decisión? y el principal afectado, el PP se esfuerza en echar balones fuera. El ex conseller de Turismo, Joan Flaquer, reitera cada día que nada anormal le afecta y que dará todas las explicaciones cuando sea requerido para ello y el presidente Bauzá intenta tapar el embrollo con la precariedad del Ejecutivo Antich. Una cosa no quita dimensión a la otra.